Dos supuestos progenitores, ambos de nacionalidad colombiana, invocan la paternidad de la niña L.V.Q. quien se encuentra alojada en un hogar por una medida judicial excepcional, mientras se avanza en la investigación. Los derechos de raigambre constitucional permiten a la jueza actuar en este sentido, ya que está en juego el derecho a la identidad de la misma.
El supuesto progenitor, E.J.Q., se encontraba imputado por el delito de amenazas y privación ilegítima de la libertad agravada de la víctima (la niña). En esta causa el señor Q., a pedido del Fiscal Penal interviniente, recuperó la libertad ordenándose medidas sustitutivas que no estaría cumpliendo a la fecha.
En el hogar que habitan se había dispuesto una consigna policial fija, por el riesgo de la niña L.V.Q., medida que fue dispuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.
En julio pasado, la directora del establecimiento al que asiste la niña hizo una denuncia policial, luego que L.V.Q. se negara a retornar a su hogar por miedo a ser agredida por sus supuestos progenitores (nota publicada por Nuevo Diario de Salta). En ese momento, la niña dijo tener otro nombre real distinto de L.V.Q., y señaló a otra mujer como su madre.
Los dos la acusaban de robarles plata. Es así como tomó intervención en la causa el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, disponiendo las medidas de protección inmediatas.
Ante la gravedad de los hechos denunciados y por no haberse agotado las medidas dispuestas, la jueza Yance intimó a la Secretaría de Niñez y Familia practicar una serie de medidas inmediatas, entre ellas acreditar los vínculos entre L.V.Q. y sus presuntos progenitores.
El pasado 29 de noviembre la misma jueza Yance, al advertir la alta vulnerabilidad de los hijos de la pareja, ordenó la prueba de ADN.
La jueza advirtió que no se han acreditado los vínculos con los otros niños ni la identidad. Al comparecer la supuesta progenitora presentó una fotocopia de un DNI plastificada. La niña L.V.Q. no tiene documento alguno que acredite su identidad, y el otro menor a cargo posee un pasaporte colombiano sin referencia a los supuestos progenitores.
En una entrevista con el psicólogo de los restantes niños, se pudo advertir que los dos mayores presentaban alto riesgo, sugiriéndose ingresarlos a un hogar.
