Hasta el 15 de noviembre, los cubanos discutirán el tema en 135.000 asambleas a realizarse en la isla hasta que el borrador final, con todas las modificaciones aprobadas, sea sometido a un referendum el 24 de febrero próximo.
El proyecto constitucional aprobado el mes pasado, reconoce por primera vez la propiedad privada y elimina la palabra “comunismo”, aunque ratifica el papel del Partido Comunista como máximo poder en la isla, por lo que la reforma no implicará cambios sustanciales en el actual sistema político.
Este es el eje de los reclamos de la disidencia cubana, que dice que es más de lo mismo. La comisión constitucional cerrará la redacción antes de que sea aprobado en la Asamblea Nacional y el texto final será sometido a referendum.
El oficialismo asegura que la nueva Constitución es “mucho más avanzada” que la de 1976, modificada en 1992 y en 2002, porque se corresponde con “nuestra realidad, el futuro previsible y las demás medidas que han sido aprobadas en los últimos años”.
“Más de lo mismo”
Así califican a este proceso desde la oposición, cuándo no, “un fraude”. Los moderados destacan su valor porque “abre el juego” a mediano plazo.
Desde la semana pasada se han vendido un millón de ejemplares de la nueva Constitución en toda la isla y solamente en La Habana -donde viven más de 2,5 millones de personas- se vendieron 200.000 ejemplares. La demanda fue tan grande que Etecsa, la compañía cubana de telecomunicaciones, ofrece su descarga gratuita en la web.
El nuevo texto reafirma el “carácter socialista” del sistema político. En su artículo 5 establece que “el Partido Comunista de Cuba (PCC), único, martiano, fidelista y marxista-leninista es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado”. Asimismo, trata de adaptarse a los cambios de los últimos años, entre ellos el matrimonio igualitario.
