La magistrada los acusa de “promover” el 1 de octubre el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de policía judicial) permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana en un registro vinculado a los preparativos de la consulta ilegal. La jueza asigna el papel de “promotores y directores” de las concentraciones frente a la sede de la Consejería de Economía.
Se trata de los únicos de los cuatro investigados por sedición en relación con ese asedio que ingresan en prisión, tras proponerlo la Fiscalía.
En ese papel de promotores, los dos se mantuvieron al frente de las concentraciones “durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes”, según lo afirmado en las actuaciones judiciales.
Para decretar la prisión, Lamela tuvo en cuenta el “riesgo de reiteración delictiva”, advirtiendo “que viene operando dentro de un grupo organizado de personas”, y también observa “alta probabilidad” de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba.
Con ello, según la jueza, pretendían “impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución”.
La jueza apunta a Cuixart y Sánchez como los “interlocutores” de las movilizaciones, pero sin aceptar las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni tratar de desconvocar o diluir esas concentraciones.