El fallo incluye a otros servidores estatales como bomberos o policías y abre una polémica judicial con la legislación europea.
El Tribunal consideró que una huelga de una amplia parte de los maestros, que cobran mejores salarios y gozan de beneficios especiales, va en contra del sentido y obligación del funcionariado público y podría producir un efecto de imitación en otras áreas de la sociedad.
La decisión del más alto tribunal alemán, que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea provocando una decisión que afecte a los 28 países del bloque, arrancó cuando cuatro maestros de una escuela de primaria fueron sancionados por haber participado en protestas y huelgas para exigir mejoras laborales.
Los cuatro maestros de primaria, de escuelas de los Länder de Renania del Norte – Westfalia, Schleswig-Holstein y Baja Sajonia, participaron en una huelga convocada por la ‘Unión de Educación y Ciencia’, un sindicato docente, junto a otros maestros que no tenían la condición de funcionarios, sino que eran contratados temporales. Según el Constitucional, estos sí tenían derecho a la huelga pero no aquellos cuatro.
En Alemania, en virtud de una antiquísima tradición que se ancla a fines del siglo XIX, un amplio sector del funcionariado público tiene privilegios (entre ellos, jugosos salarios, pensiones de lujo pese a no aportar a las cajas jubilatorias, puestos vitalicios en virtud de los cuales no pagan seguro de desempleo y no pueden ser despedidos, un seguro médico especial que les cubre todo). Pero, esencialmente, según la ley alemana, no deben hacer huelga por su vínculo especial con el Estado como servidores de la comunidad.
Pese a esto, los cuatro maestros recurrieron la sanción administrativa y su caso, tras pasar por varias instancias judiciales, llegó hasta el Constitucional. El dictamen emitido esta semana, leído por el juez Andreas Vosskuhle, asegura que los funcionarios públicos no tienen derecho a la huelga porque, si ejercieran ese derecho, podrían provocar “un efecto dominó” en el funcionamiento de importantes sectores como la educación o la seguridad que podría amenazar “los principios fundamentales de la Administración pública”.
