El pedido es reseñado en una editorial del diario La Nación, fechada el 21 de mayo de 1977, referida a “la importancia del recurso de hábeas corpus” y publicada en la obra Decíamos ayer, la prensa argentina bajo el proceso, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta. ¿Cuántos hábeas corpus habrá recibido la justicia en esos años en que la vida valía nada para quienes detentaban el poder? ¿A cuántas personas comprenderá la frase “cierta cantidad”? La lógica indica que debieron de ser muchas, para que un órgano de tradición complaciente con las dictaduras se haya sentido compelido aunque más no sea a hacer una parodia de exigencia de investigación.
¿Desaparecer esa “cierta cantidad” de personas convierte a un Estado en terrorista? ¿Cuántos muertos convierten a alguien en un asesino? ¿Cuántos desaparecidos convierten a un Estado en asesino de su propia gente?
Da la impresión de que la imprecisión cortesana es una forma diplomática de no entrar en la discusión sobre el número de desaparecidos. Es que entonces, como ahora, hay gente que intenta reducir la cuestión del terrorismo estatal de los 70 a una simple cuestión numérica. No fueron 30 mil, fueron 8 mil, 7 mil, 6 mil y pico. Como si la mera merma de la cantidad de víctimas del terrorismo estatal pudiera achicar la gravedad de esas desapariciones.
Detrás de esas afirmaciones está siempre el deseo de deslegitimar la persistencia de los reclamos de memoria, verdad y justicia de los familiares de los desaparecidos, quienes todavía siguen siendo buscados. Y esa búsqueda, muy a pesar de los apologistas del olvido, sumó a muchos otros y otras que no tienen familiares directos desaparecidos, pero sienten como propia esas pérdidas. Porque son propias. El terror estatal se abatió sobre todo el país, y sus consecuencias se sufren todavía hoy. Negarlo es desconocer la historia y el presente.
La pretensión de reducir los crímenes de la dictadura a simples, pequeños, números viene del corazón mismo del terror estatal, ya se insistía en eso en el 76, en el 77, el 78, mientras los diarios hablaban de la “aparición” o “hallazgo” (no el asesinato) de 30 cadáveres por allá, de otros 12 en otro lado, como si esos cuerpos muertos fueran meros accidentes de la geografía.
Y ya en aquellos años se tenía información sobre la profundidad de los crímenes cometidos por los golpistas. “Mil fusilados, veinte mil presos o desparecidos y trescientos mil exiliados" son las cifras que se manejan en el extranjero sobre la situación argentina desde el 24 de marzo. El 18 de noviembre el general Harguindeguy calificó de demencial la segunda de estas cifras y alegó el ‘secreto militar’ para no dar la verdadera. (…)
“Fuentes judiciales han revelado de qué modo se llega al total de veinte mil presos o secuestrados. Solamente en los juzgados del Gran Buenos Aires se registra un promedio mensual de 400 recursos de hábeas corpus (desapariciones), y otro tanto en el interior del país, lo que eleva el promedio a 800. En más de la mitad de los casos, sin embargo, los familiares de los desaparecidos no se presentan a la justicia por temor. Mil seiscientas desapariciones, en 9 meses, ascienden casi a quince mil, que sumados a los cinco mil presos políticos existentes desde el 24 de marzo dan la cifra que rechaza Harguindeguy”. Las citas son del informe N° 1, dado en diciembre de 1976, de Cadena Informativa (que se difundía de mano en mano).
El 30 de junio de 1979 Albano Harguindeguy, que era ministro del Interior, dió a conocer nuevos datos de detenidos: “Desde el 24 de marzo de 1976 al 31 de diciembre de 1976, 3464 arrestos. Año 1977: 1275 arrestos. Año 1978: 386. Año 1979, al 28 de junio: 42 arrestos, 160 personas bajo libertad vigilada, 12 arrestos domiciliarios, 713 opciones concedidas, 192 expulsiones. Quedan 1723 detenidos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional)”.
Suman más de 5 mil. Pero eran solo los reconocidos oficialmente como detenidos, de los otros tantos que ingresaron en el campo de la desaparición, lógicamente, no hay datos. Ya lo dijo Videla: “Es una incógnita el desaparecido. (…) Mientras sea desaparecido no puede tener un tratamiento especial, es un desaparecido, no tiene entidad no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”. Para eso se desapareció, ¿no? para sembrar el terror y para lograr la impunidad.
Hay una larga lista de ejemplos de negacionismo que dejaron los miembros de la Junta y sus apologístas, la gran mayoría de los medios de comunicación importantes de la época, pero ningún un gobierno democrático había incurrido en esta práctica. Hasta la llegada de Mauricio Macri.
El negacionismo del gobierno de Cambiemos, que organismos de derechos humanos vienen señalando, llamó la atención del diario londinense The Guardian, que publicó una nota firmada por el periodista Uki Goñi: “El consenso de la Argentina sobre la gravedad de los crímenes durante la dictadura se ha quebrado bajo Macri”, señaló al tiempo que destacó que la Argentina es el único país que sometió a proceso judicial a quienes quebraron el orden institucional y dirigieron al Estado en contra de su propia población.
La nota del diario inglés se basó en las declaraciones que el Presidente hizo en agosto pasado en una entrevista con la empresa de comunicación y entretenimiento BuzzFeed: “No tengo idea (si fueron 30 mil). Es un debate que no voy a entrar si son 9 mil o 30 mil, si son los que están anotados en un muro o si son mucho más”, respondió cuando le preguntaron sobre el número de desaparecidos. Durante la entrevista Macri también usó el concepto “guerra sucia” para referirse a la represión estatal, y calificó de “desquiciada” a Hebe de Bonafini.
The Guardian advirtió que si bien “algunos simpatizantes del régimen hace mucho dudan sobre la cantidad de desaparecidos”, “las palabras de Macri marcan la primera vez que ese negacionismo retórico ingresa en el discurso político dominante”.
Hubo otras expresiones en el mismo sentido de funcionarios del gobierno nacional. La última, y que adquiere mayor relevancia por provenir del área de Derechos Humanos, reducía la cifra de víctimas del terrorismo a 6348. ¿Con qué fin?
Para Estela de Carlotto este informe fue en la línea de un intento de desprestigiar a quienes lucharon contra los delitos de lesa humanidad mostrándolas “como mentirosas e inventoras de historias”.
Se sabe que muchos exponentes del gobierno nacional tienen cercanía con familiares, amigos y colaboracionistas de los represores que intentan eludir la acción judicial. Quizás por eso Estela de Carlotto incluyó a este informe dentro de “una campaña de bastardeo y desprestigio” que tiene como fin “decir 'nunca más'” a los organismos de derechos humanos.
Volviendo al principio, ¿cuántos desaparecidos convierte a un Estado en criminal?
La respuesta viene de la boca de alguien insospechado de contener ideas populares, tan despreciadas hoy en día: en septiembre de 1980, al ser consultado en Roma sobre las denuncias de desaparecidos en la Argentina, Jorge Luis Borges clarificó: “Se dice que el número de víctimas ha sido exagerado, pero bastaría un solo caso. Caín Mató una sola vez a Abel, Cristo fue crucificado una sola vez”. Borges opinó también que “si hubo crímenes es necesario investigarlos” y se hizo una autocrítica: “He hablado con cierto retardo”.
- Elena Corvalán, periodista
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