Elena Corvalán
Periodista NDS

CAUSA DELFIN CASTEDO

Periodismo envenenado

En septiembre y octubre de 2009, en vísperas del juicio a los acusados de la autoría material del asesinato de Liliana Ledesma, el diario El Tribuno publicó una serie de notas.

Por Elena Corvalán para NDS |

Liliana Ledesma pequeña productora del norte asesinada y Delfín Castedo que hoy está preso.

En las mismas, daba cuenta de que un detenido en Bolivia, Vicente Roa Aguirre, en su lecho de muerte había confesado que la mujer había sido asesinada por el narcotraficante Efraín Ichuta Vargas, en venganza porque no le había pagado un cargamento de 30 kilos de cocaína.

El diario celebraba esta noticia como definitiva para el esclarecimiento del hecho, dando por tierra con las demás constancias de la investigación judicial del asesinato. Y aprovechaba para criticar a los medios de comunicación y periodistas que habían cubierto el caso y habían señalado la responsabilidad de los acusados (luego condenados) por la autoría material y la autoría intelectual. 

La columna que sigue fue escrita entonces en respuesta a la publicación de El Tribuno, y es la que se reactualiza ahora en vista del planteo de la persona que dice hablar como mano derecha de Delfín Castedo.

  • Periodismo envenenado

“Muchas fuentes de información están envenenadas. Pruebe las noticias antes de tragarlas”. El aviso del satirista español El Roto (Andrés Rábago García) parece venido como ojal al botón a propósito de la publicación realizada por el diario El Tribuno el pasado 22 de octubre, referida al crimen de Liliana Ledesma, la joven integrante de una familia de pequeños productores rurales de Salvador Mazza que en la primavera de 2006 fue asesinada de seis cuchilladas (una le cortó la boca).

Movido por un interés que evidentemente no es periodístico, el diario de la familia del ex gobernador Juan Carlos Romero, actual senador nacional por el PJ, insiste en presentar este hecho como un ajuste de cuenta entre mafiosos. Trata de culpar a la víctima, a la que describe como una “vendedora de huevos”, como si ejercer esta actividad pudiera desmerecer a alguien, y siempre intenta vincularla con el comercio de drogas ilegales. En cambio, los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Ula” Castedo, formalmente acusados de haber encargado este crimen, y de narcotraficar, son, en el relato de El Tribuno, simples productores rurales y de carbón vegetal injustamente perseguidos por la Justicia.

En septiembre pasado el diario reinició su campaña para desviar la investigación del crimen y se valió para ello de una publicación realizada a mediados de año por el periódico El Chaqueño, editado en Yacuiba, Bolivia, y que en Salvador Mazza encontró difusión también en FM Activa, uno de cuyos periodistas se encargó de distribuir gratuitamente la publicación.

El periódico se asombraba de los malos procederes de la justicia argentina, que seguía sin dilucidar el crimen de Liliana, y daba cuenta de un detenido en La Paz , Víctor Roa Aguirre, enfermo, que asegura haber matado a Liliana Ledesma en venganza porque la mujer se había quedado con 30 kilos de cocaína que le pertenecían a él y a su socio boliviano, Efraín Ichuta Vargas.

El 22 de octubre El Tribuno publicó dos notas sobre el crimen de Liliana: una breve crónica que da cuenta de un pedido de extradición de Roa Aguirre, y una opinión. Juan Antonio Abarzúa firma la crónica, y Humberto Echechurre habla de periodismo y los “seudoperiodistas”.

La crónica festeja “un vuelco espectacular en el caso del crimen de Liliana Ledesma”, afirma que los acusados por el homicidio (a cuatro, María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Moreno y Casimiro “Nene” Torres, se les atribuye la autoría material y los Castedo están sindicados como los autores intelectuales) “podrían ser inocentes” y reitera que la víctima tenía “frondosos antecedentes por narcotráfico en el vecino país”.

La opinión parece buscar la revancha: “La verdad más cerca, frente al silencio de los Bonasso y Cía”, arremete desde el título. Y luego ataca a aquellos que, “lejos de colaborar, adornaron la causa con un manto de impunidad, sospecha y acusaciones de amenazas”.

Según Echechurre, el diputado nacional Miguel Bonasso y “compañía”, entre quienes ubica a la diputada nacional Nora César, “utilizaron la muerte de una mujer para esconder sus verdaderas intenciones: llevar sospechas en dirección del Gobierno. No investigaron, simplemente acusaron, con el agravante (de) que hicieron tapas mediáticas, adueñándose de micrófonos, dejando de lado leyes básicas del periodismo”.

En cambio ahora, alienta Echechurre, la “confesión” de Roa Aguirre ofrece a la Justicia “la posibilidad de rescatar la verdad”, a pesar de que “los seudoperiodistas hubieran preferido que la causa siga en el más vergonzoso de los silencios”.
Para sostener su posición el diario que edita la empresa Horizontes SA y sus periodistas dejan de lado las constancias del expediente, porque los desmienten.

Como el matutino “grande”, como lo llaman en las calles salteñas, no se toma el trabajo de explicar cuáles son sus razones para dudar tan fervientemente de la verdad revelada en el expediente, que ya está listo para la realización del juicio oral y público en lo que respecta a los acusados por la autoría material del homicidio y los supuestos encubridores, solo queda conjeturar.

Y en tren de conjeturas vale tener presente el insistente rumor que se corre en Salvador Mazza: refiere que los cuatro detenidos han advertido que, si no los ayudan a “zafar”, abrirán la boca en el debate que se llevará a cabo, probablemente el año próximo, en la Cámara del Crimen de Orán.

¿Y cuál sería el interés de El Tribuno, de quienes toman decisiones en él, para intentar ayudar a los Castedo, y con ellos al ex diputado provincial Ernesto José Aparicio? En el expediente hay datos e indicios que ayudan a orientarse.

Liliana estaba enfrentada a Ernesto Aparicio, que en 2006 aún figuraba como propietario de una finca en el paraje El Pajeal, a 18 kilómetros de Salvador Mazza, socio o empleador (nunca quedó claro) de los hermanos Castedo.

Los Castedo y Aparicio habían cerrado un camino vecinal e impedían el paso de los campesinos que vivían más al norte, lo que motivó la movilización de la Asociación de Pequeños Productores y Ganaderos de Madrejones, de la que Liliana era miembro.

Aparicio era, es todavía, un reconocido dirigente del justicialismo en el norte, un hombre del romerismo, luego devenido wayarista. Fue funcionario del gobierno provincial y cuando ocurrieron estos hechos era diputado provincial. Hasta la capital provincial lo persiguió Liliana para denunciarlo por cerrar los caminos, acción que vinculaba con el narcotráfico.

Además de presentar una nota en la Cámara de Diputados, Liliana visitó dos medios de comunicación: FM Noticias y Nuevo Diario. Hablaba sin vueltas de irregularidades de todo tipo en las que aparecía el diputado. Y sabía que lo más probable era que le costara la vida, lo decía con tanta naturalidad que le quitaba peso a la tragedia.

Con Romero al frente, el gobierno de Salta no fue muy colaborativo con la investigación del homicidio de Liliana; al contrario, la madre de la víctima, Élida Romero, denunció que en el primer aniversario del homicidio el gobernador llegó a ofrecerle plata a cambio de que dejara de insistir con la investigación.

Y en lugar de desaforarlo para que se lo pudiera investigar, la Cámara de Diputados solo autorizó a Aparicio para que se presentara ante el juez Nelson Aramayo, que, por otra parte, no demostró interés en indagar sobre la posible responsabilidad del legislador en el crimen, a pesar de las denuncias de los padres de la víctima, y del hermano, Jesús Ledesma, que el mismo día del crimen señalaron como responsables a Aparicio y los Castedo.

El juez tampoco se mostró diligente a la hora de investigar a los Castedo: primero los llamó para que dieran declaraciones informativas, recién en noviembre de 2006 se convenció de que debía investigarlos y ordenó detenerlos. Claro que para entonces los hermanos ya se habían ido del país.

La noche del homicidio el propio Aparicio apuntó las miradas hacia sí: a eso de las 20,30, en la calle Juan Domingo Perón, trató de impedir el paso de Jesús Ledesma, cuando éste intentaba llegar al hospital de Salvador Mazza, adonde había sido llevada su hermana.

Aparicio fue también quien desató la ira de los Castedo al contarle a Delfín que Liliana y Sergio Rojas (hijo del productor Pilar Rojas) habían estado en Salta visitando medios de comunicación. El 31 de julio de 2006 la Gendarmería grabó una conversación entre Delfín y el legislador, al que en las escuchas se menciona con el apodo de “Mamila”: “Cómo anda, hermano. Che, hoy me han hablado de Nuevo Diario, han ido unos hijos de puta a denunciar todo, el tema del a…".

Lo que están metidos en el Fiscal, una denuncia larga para vos y que están sacando madera con guía mía, dice”, le contó antes de pedirle que viniera a Salta capital, “así hacemos descargo en el Nuevo Diario, yo voy a hablar con una periodista ahí”, le dijo. Castedo aceptó el convite. Si vino, quedó entre ellos, porque nunca se comunicaron con Nuevo Diario, ni con esta periodista, para hacer la desmentida de los dichos de Liliana Ledesma.

Aparicio nunca fue imputado en esta causa, aunque por la repercusión de este crimen se supo que desde hacía tiempo era investigado por actividades vinculadas al narcotráfico. Esta causa está radicada ahora en el Juzgado Federal de Orán y en ella están también involucrados los hermanos Castedo, además del empresario Alberto Yudi y otras personas. Aparicio y Yudi están procesados por infracción a la ley 23737.

Además, en la causa por el crimen de Liliana Ledesma hay pruebas de la vinculación de los Castedo con el narcotráfico y con el crimen de la pequeña productora rural y comerciante. Está la declaración indagatoria del detenido Blas Norberto Barbera, involucrado en el Operativo Ayala, el desbaratamiento de una red internacional de narcotraficantes que enviaba droga con destino a España disimulada, adivine en qué: en bolsas de carbón vegetal.

Para El Tribuno esta declaración parece no ser importante, nunca mereció una mención en sus páginas: el 13 de julio de 2005 Barbera confesó en el Juzgado Federal de primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, que su socio era un tal “Negro”, Delfín o “Pescadito”, de Pocitos.

Dijo que este Delfín era quien tenía los contactos en España y le enviaba la droga a Buenos Aires para que la despachara. Contó que él mandaba las bolsas vacías “a la provincia de Salta, Pocitos, que el ‘Negro’ conocido como Delfín o ‘Pescadito’ (…) que es salteño, las recibía y luego las mandaba llenas con carbón y lo que venía adentro, ‘en referencia a la cocaína’, siendo él mismo el que le daba el dinero para la compra del carbón y demás actividades, como ser las bolsas, el transporte del carbón. Que el mentado Delfín se trasladaba en una camioneta 4x4, una de color negra, otra roja y otra gris, encontrándose con en mismo en la ruta 9 a la altura de Zárate o Campana, entregándole allí el dinero necesario para la actividad comercial.”

La Justicia Federal y Gendarmería Nacional investigaban desde hacía años a Delfín Castedo como posible jefe de un clan de narcotraficantes. En esa pesquisa se hicieron escuchas telefónicas que luego sirvieron para el esclarecimiento del crimen de Liliana Ledesma.

El 18 de agosto de 2006, unos veinte días después de la visita de Liliana a medios de esta ciudad, la Gendarmería grabó una conversación entre Delfín y su hermano menor, “Ula”, que estaba muy molesto por “esta boluda (que) empieza a hablar”, que “está acostumbrada a boconear”.

“Ula” habló mucho ese día, le contaba a su hermano de una conversación mantenida con una persona que iba a hacer de mensajero: “Yo sé por donde pasa el petiso (Jesús Ledesma es de baja estatura), a qué hora, (…) yo sé por donde anda, anda por aquí, por acá, la ‘Negra’”, advertía. “(A) nosotros tiempo y plata nos sobra, así de cortita, ellos quieren bronca, van a tener bronca, a no llorar después, a no llorar, así le he dicho, a no llorar, sí, a cara i’perro.”

En el expediente está también la desgrabación de una llamada del chofer de la ambulancia que trasladó a Liliana hacia el hospital, la misma noche del homicidio: Juan Moreno habló con Delfín para avisarle: “…Tené cuidado, los chicos la han matado a la negra Ledesma”.

Hay conexiones entre los acusados y sospechados, son todos datos que están en el expediente y que El Tribuno prefiere pasar por alto: María Gabriela Aparicio es hermana de Ernesto Aparicio; el día del crimen fue a buscar a Liliana Ledesma, así lo corroboraron varios testigos, entre ellos Mery Zambrano Panoso. Cuando Liliana fue atacada, María Gabriela no se detuvo a ayudarla, sino que se fue a Bolivia. Luego adujo que se asustó y por eso se fue. Recién de regreso se acercó a la Policía a denunciar el hecho, y quedó detenida.

María Gabriela es concubina de “Ani” Tárraga, cuyo padre tiene una finca vecina a la que los Castedo compartían con Aparicio. Varios testigos, entre ellos Gustavo Fabián Figueroa, Luis García, vieron a Tárraga en la escena del crimen. El oficial auxiliar Martín Alarcón estableció que el día anterior al ataque Tárraga se encontró con Lino Moreno y luego del homicidio desaparecieron de Salvador Mazza, fueron a Santa Victoria Este, de donde es oriundo Moreno y donde se escondieron hasta que fueron detenidos. Tiene antecedentes penales.

Lino Moreno fue visto por varios testigos en la escena del crimen, junto a Tárraga. Al momento del homicidio de Liliana Ledesma estaba con libertad vigilada, cumpliendo una condena de 12 años de prisión por tentativa de homicidio y robo. “Nene” Torres era empleado de los Castedo. Varios testigos lo describieron como una de las personas que estaba en el lugar del crimen.

Además, las intervenciones telefónicas y los peritajes telefónicos demostraron que los cuatro se encontraban en el radio del lugar del hecho en el momento del homicidio, y que existieron numerosas llamadas entre ellos el momento del crimen. De los acusados por encubrimiento, ya se sabe que Juan Moreno tenía vinculación con Delfín, al que llamó para avisar del homicidio. Patricia Guerra era concubina de Lino Moreno.

Todos son datos que el diario de los Romero pasa por alto, que no mueve a sus periodistas que se ocupan de este tema, a mencionarlos aunque sea al pasar.

En las escuelas de periodismo se enseña que las notas informativas deben responder cinco preguntas: qué, quién, cuándo, cómo y por qué. No hace falta ser muy avispado para darse cuenta que la última es la pregunta medular. Pero visto desde quien recibe el mensaje, resulta cada vez más importante incorporar al mensajero a este cuestionario: quién lo dice, cuáles son sus intereses.

Este, el del crimen de Liliana Ledesma, es uno de esos casos en que es necesario preguntarse quién habla y con qué fin lo hace. Echechurre tiene razón cuando se refiere a aquellos que “lejos de colaborar, adornaron la causa con un manto de impunidad, sospecha y acusaciones de amenazas”. Es cierto, hubo medios que hicieron eso, El Tribuno es uno de ellos.

Echechurre prefiere desconocer que efectivamente hubo amenazas a colegas y medios de comunicación que trataban de reflejar la investigación del homicidio de Liliana. No se sabe si se debe a que uno de los mensajes amenazantes provino de un correo electrónico del Grand Bourg.

Como periodista, Echechurre fue funcionario. Fue secretario de Prensa del gobierno de Juan Carlos Romero. Es un dato de interés que debería hacer constar en su opinión, si de buenas prácticas periodísticas se trata, para que quien lo leyera supiera desde qué lugar habla.

Como funcionario, Echechurre está involucrado en una causa penal porque se negó a brindar información sobre la pauta publicitaria oficial, incluso llegó a desobedecer una orden judicial con tal de no entregar información que es pública, él debería saberlo mejor que nadie, como el periodista que es.

Todo indica que, cada vez más, hay que hacer caso al aviso de El Roto y probar las noticias antes de tragarlas. Hay demasiado veneno y mucha carne podrida en algunos medios.

  • Elena Corvalán, periodista
  • elenacorvalan@yahoo.com.ar​

Ver tambiénAmenazaron a periodista de Nuevo Diario y Radio Nacional