Y es que la provincia a partir del decreto 1603 de Modernización y Asignación Eficiente de Recursos Públicos de noviembre del año pasado prevé que “los empleados que fueren intimados de oficio por la administración a iniciar los trámites jubilatorios deberán dar comienzo al mismo, ante las oficinas de ANSeS en un plazo de 20 días, a partir del día siguiente de la intimación, constituyendo falta grave su incumplimiento”.
El mismo decreto también instruye a la Secretaría de la Función Pública a implementar un plan de retiro voluntario para el personal de planta permanente.
En este sentido, Del Plá planteó que este decreto es anticonstitucional, ya que la jubilación es derecho y por lo tanto decisión soberana de cada trabajador”. Además los trabajadores siguen trabajando con sobre-edad porque con la jubilación, en las áreas de salud o la administración centralizada, sólo se percibe el 45% del haber del activo. Es decir, que es la vía rápida a la miseria social del trabajador jubilado”, agregó.
El legislador precisó que son alrededor de dos mil los empleados que están próximos a cumplir la edad jubilatoria y que con el nuevo decreto que prohíbe los reemplazos de las vacancias por jubilaciones sólo se podrá reemplazar un tercio de los trabajadores siempre y cuando sean necesarios para el funcionamiento de los servicios del Estado.
“O sea que sólo podrán reemplazarse un cargo de cada tres, y quedará 1.333 puestos de trabajo menos en los servicios”, finalizó.
