Así se confirmó ayer desde la Legislatura, y por lo que sostuvo el senador Darío Pérez, en principio se prevé tratar la media sanción que envió la Cámara de Diputados, el 3 de mayo pasado, tal y como está. Y es que en caso de contar con modificaciones, el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados para su tratamiento y en esta demora vencería la validez del artículo 9° de la Ley 7658 que permite que los campesinos no sean desalojados de sus tierras.
Sin embargo, el legislador consideró que existen algunas cuestiones que los senadores entendieron, deberían ser modificadas en la Ley Original. Entre estas se encuentra la necesidad de cambiar algunas de las autoridades de aplicación (como lo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), y cambiarlo por el Ministerio de Asuntos Indígenas.
Afirmó que hubo algunas confusiones por parte de quienes resisten la Ley y habían reclamado en el Senado su modificación. Y es que hay asociaciones de titulares registrales de las tierras que buscan un resguardo ante la regularización territorial de poblaciones originarias. Esta posibilidad está establecida en la ley nacional 26160, la cual entendió Pérez, se confundió con la Ley provincial que ampara a los campesinos criollos. Y es que este sector se encontraba desprotegido y a merced de la Justicia de los desalojos. Es por ello que en 2010, luchas mediante, lograron la sanción de la norma que permitió frenar su expulsión.
Mensaje a Mashur Lapad
En una misiva que elevaron los miembros de las organizaciones campesinas de la Coordinadora Zonal de Tierra, que representan a más de 700 familias de la zona de la ruta nacional 81 de los departamentos San Martín y Rivadavia Banda Norte, se manifestó la inmensa preocupación por la falta de tratamiento de la prórroga.
"Hasta la fecha no se trato la Ley en la Cámara de Senadores, queremos señor senador creer que esta situación se debió a un error administrativo y no a una decisión política, porque si en caso de ser una decisión política esto nos va a llevar a un conflicto de tal envergadura que va a terminar con la paz social en la región, esta paz social que en los últimos años desde que está vigente esta Ley ha permitido en la región llegar a acuerdos de tierra entre los poseedores y titulares registrales”, indicaron al advertir posibles consecuencias.
