Por un lado, la protección del empleo a los trabajadores de la administración pública que esten registrados hasta el 31 de diciembre de 2017, o sea no serán alcanzados por despidos o cesantías, y por otro lado se asegurará el envío de los fondos de la soja a los municipios, atento a que hasta el 30 de junio vencía el plazo para que las provincias adhieran a esa ley nacional.
De allí la urgencia que mencionó el presidente de la Cámara baja, Manuel Santiago Godoy para sancionar el proyecto y dar el tiempo necesario al Senado para su sanción definitiva en el presente mes.
El proyecto de ley tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y fue tratado Sobre Tablas, además de alcanzar los dos tercios necesarios del cuerpo legislativo lo que logró atento a que estaban presentes 53 legisladores. De ellos solo 3 votaron negativamente.
El diputado Mario Vilca (Rosario de Lerma-PJ) titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, destacó que esta ley es complementaria de la ley 8064 de consenso fiscal (aprobó acuerdo Nación y provincias) que es uno de los puntos avanzados en la provincia, complementando la consolidación de la transparencia y control de gestión.
La adhesión marca un compromiso nacional en los requisitos del consenso fiscal, las medidas de control, seguimiento y transparencia de gestión. Involucra al fondo social solidario, el tema de los recursos de la soja garantizando la remisión de esos fondos a las jurisdicciones que adhieran. Hay un compromiso provincial de limitar los endeudamientos, cumplir los indicadores de gestión pública con medición de gastos y búsqueda del déficit fiscal 0.
El diputado Claudio del Pla (Capital-PO) señaló la velocidad inusitada para aprobar la ley. Criticó esta avanzada fiscal que solo servirá para acomodar cuentas públicas disciplinar al Estado para recaudar para pagar la deuda externa y beneficiar a sectores privados con trabajadores sin derechos laborales.
“Es un aporte al plan de ajuste antinacional y recaudar para apagar a los usureros. El primer envío del crédito del FMI solo servirá para pagar los vencimientos de las Lebacs y no para salud, educación, etc.
Ingenio San Isidro
Ayer una vez más se pidió tratamiento al proyecto de ley de expropiación del Ingenio San Isidro por parte del bloque del PO y de diputados de Güemes.
El diputado German Rallé (Güemes-PJ) lamentó el rechazo de sus pares. Dijo “si no hay solución, vamos a llenar el departamento y Campo Santo de planes de empleo por la gravedad económica que va a vivir la población”.
