El diputado Lucas Godoy (Capital-PJ) dijo que la diferencia del articulo 25 bis, es que se pueda cobrar los importes por la contraprestación en el uso de inmuebles rurales, que no lo hagan a titulo gratuito, garantizar mediante la vía ejecutiva y judicial esa obligación de los privados.
La ley establece un 10% de las ganancias para el Estado y que de ese total el 50% corresponde a los municipios en el departamento donde haya esas explotaciones.
Ataques por Salta Forestal
Seguidamente hubo exposiciones donde afloraron cuestionamientos al gobierno provincial por la concesión de miles de hectáreas a Salta Forestal, ocurridas durante la gestión del gobernador Juan Carlos Romero y que favorecieron al Grupo Olmedo.
El diputado Arturo Borelli así como Claudio del Pla (ambos de Capital-PO) recordaron las denuncias elevadas por el trasfondo politico que tuvo la cuestión, proximo a la sentencia judicial. Criticaron los decretos 24 y 67 del año pasado que condonaron la falta de pago por las concesiones por una suma de $300 millones, por no pagar el canon por 10 años, afectando en este caso a los municipios de Las Lajitas y Joaquin V. González. También indicaron que en el presupuesto de 2018 por esa concesión
deben abonar por Salta Forestal 3 millones, cuando ante la magnitud de la explotación de soja, porotos y otras legumbres el monto debería ser de 60 millones, teniendo en cuenta hoy un valor de la soja.
El diputado Pedro Sández (Anta-PJ), fue más crítico, considerando que es representante del departameno sureño y conoce a fondo los acuerdos entre el grupo Olmedo y el gobierno, así como con otros inversores entre los que citó al propio presidente Mauricio Macri y allegados a su gobierno.
Dijo estar desilusionado por las maniobras de los grandes grupos económicos, latifundistas y es necesrio que Diputados tome dimensión de la grave situación.
Cundo se aprobó la ley para que esa concesión cumpla con el 10% de las ganancias para el Estado -cuando en el ámbito privado es del 20% mínimo), de concesión ya comenzamos perdiendo porque no pagaron el canon.
Reseñó que luego el actual gobierno quiso que las tierras vuelvan al Estado pero no logró el propósito.
Sostuvo que el grupo Olmedo desde el 2000 a la fecha hizo lo que se le antojó con las 330 mil hectáreas, no hubo audiencias, no cumplió requisitos del contrato inicial, y Alfredo Olmedo es el más beneficiado porque si hubieran pagado el canon de 300 millones otra sería la realidad en Anta.
Graficó que hoy el Grupo Olmedo cedió las tierras a un grupo tucumano, son 22 mil hectareas sembradas de poroto, soja y otras legumbres, en el caso del poroto a un valor de 400 pesos la tonelada, hay que calcular los millonarios ingresos. En Anta no reciben nada, solo ven pasar los camiones colmados y eso nos entristece.