En la sesión de Diputados se había incluido ayer en el acta de Labor Parlamentaria el proyecto de Ley sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, pero el proyecto de ley fue bajado del temario.
La iniciativa de Carlos Zapata y Guillermo Martinelli (ambos del Bloque Salta Nos Une), refería a la adhesión de la Provincia a la ley nacional Nº 27275, correspondiente a esta temática.
Citó que esta sería la primera barrera contra la corrupción en el Estado. Recordó que el gobernador Urtubey, en la apertura de sesiones del año legislativo, había prometido poner en vigencia la ley de acceso a la información pública. Y atento a lo ocurrido en la fecha, manifestó que “dudo que pueda tener sanción este régimen”.
Con el acceso a la información pública se podrá analizar el destino de los fondos del Estado, que hoy gozan del oscurantismo y ante esta grave situación llevan al descrimiento de la ciudadanía sobre el adecuado uso de los recursos.
En la última campaña electoral la ex senadora nacional Sonia Escudero planteó que sus rivales en el FUyR tenían ayuda en cartelerías y a los pocos días le dieron ese respaldo, ¿de dónde salieron los recursos?, se planteó. En estos casos se merece una investigación, la imputación y la condena a los funcionarios corruptos, concluyó.
“Caja negra” de campaña
Por su parte el diputado Mario Abalos (Cerrillos-Salta nos Une) hizo manifestaciones respecto a los gastos reservados que tiene el Ministerio de Gobierno.
Indicó que en el presupuesto 2017 este Ministerio tiene un presupuesto de $536 millones, de los cuales $213 millones son para el gasto de todo el año (personal, servicios, etc). Y lo llamativo es que hay $190.208.647 en gastos de representación.
Consideró que esta sería la caja negra del financiamiento de las campañas. Es un gasto exhorbitante si se tiene en cuenta que en los últimos créditos para moviles de la policía la suma era de alrededor de $300 millones. Así como de los $350 millones para obras en los municipios.
Abalos consideró que “sería bueno que el ministro explique en qué gasta esas partidas. Debemos tener mejor información al respecto. También cuánto se destina a los frentes electorales o partidos para transparentar la gestión”.
Rige un decreto
El diputado Lucas Godoy (Capital-PJ) salió al cruce del diputado Carlos Zapata, que exigió que el gobernador Urtubey cumpla con la adhesión de la ley nacional de derecho de acceso a la información pública.
Dijo que está vigente el decreto que emitió el Gobierno que reglamenta lo referente a la información pública y debe ser cumplido por todos los organismos del Estado. La adhesión a la normativa nacional se va a tratar, así como se sancionó en 2015 por iniciativa del presidente de la Cámara y que luego no trató el Senado y se venció.
Ahora hay varios proyectos, se suma el de Raúl Medina y de otros legisladores, por lo que saldrá una ley depurada. Manuel Santiago Godoy también salió al cruce de Zapata, inclusive le informó que solicitó a la AGP una auditoría a la Cámara de Diputados.
