Las integrantes del Observatorio informaron del pedido en un comunicado enviado en el que expresaron su “profunda preocupación por la falta de celeridad del Estado en sancionar a funcionarios denunciados por violencia de género o que ejercen acciones o expresiones sustentadas en la misma, conforme lo establecido en la Ley Nacional 26.485, en su artículo 7 y concordantes”.
Sostuvieron que ante la reiteración de casos significativos que indican la vigencia de estereotipos o prácticas recurrentes, el Observatorio emitió la Recomendación N ° 2 por la cual se aconseja al Estado salteño “establecer normativamente como requisito para acceder y/o permanecer en cargos públicos en carácter de funcionario público, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, no registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades”.
Conducta repetitiva
Asimismo, las directoras del Observatorio señalaron que preocupa la repetición de las conductas de los funcionarios pese a la existencia de la normativa que establece que los poderes estatales “deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de géneros, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
Recordaron que la Corte de Justicia de Salta inició acciones administrativas a raíz de una petición del Observatorio luego de tomar conocimiento de las denuncias por violencia de género contra del juez Federico Diez, quien continúa en funciones.