La iniciativa la llevan adelante seis diputados provinciales, tres de la UCR y tres del PRO, quienes además consideran que Catalano a la vez recayó en una serie de incumplimientos de los deberes públicos.
La presentación que se hizo por mesa de entrada de la Cámara baja, lleva las firmas de los diputados provinciales Héctor Chibán (Capital), Mario Mimessi (San Martín) y Humberto Vázquez (Capital), todos del bloque de la Unión Cívica Radical, y de Gladys Moisés (Metán), Norma Lizárraga (Orán) y Martín de los Ríos (Capital), todos del PRO.
La solicitud de enjuiciamiento y destitución del presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, mereció el tratamiento en la víspera y se decidió constituir una comisión integrada por los diputados Mario Vilca, Lucas Godoy, María López, Alberto Abadía, Bettina Romero, Ramón Villa, Andrés Suriani y Héctor Chibán.
Primera reunión de juicio político
La citada comisión de juicio político se dispuso que mantenga su primera reunión en la presente jornada a las 12, a los efectos que los legisladores que elevaron el escrito al presidente de la Cámara de Diputados Manuel Santiago Godoy, ratifiquen la presentación.
También está previsto que los legisladores de la oposición aporten documentación correspondiente. El siguiente paso sería que luego de la evaluación de la petición trasladar el requerimiento al Jury de Enjuiciamiento.
Maniobras en su propio beneficio
Chibán durante la sesión de ayer ratificó que Catalano hizo trampas, maniobras que desembocaran en su propio beneficio. Señaló que dicha inconducta de la que se acusa al titular de la Corte de Justicia está prevista en el artículo 160 de la Constitución Provincial. Manifestó que lo que pretendemos con esta presentación es afianzar la justicia y desterrar la idea que el poder se conjuga con la impunidad.
Dijo además que es imprescindible actuar en estos casos porque para eso nos eligieron los salteños, para controlar y preservar los derechos ciudadanos.
Según los diputados opositores, la responsabilidad política de Catalano nace de las graves omisiones de los deberes impuestos por su cargo en relación con el trámite procesal de las dos acciones populares de inconstitucionalidad interpuestas por un magistrado jubilado y por una asociación de jueces directamente controlada por el presidente de la Corte.
A juicio de los legisladores, las dos acciones debieron ser inadmitidas a trámite (rechazadas in limine litis). Entienden los diputados que la Constitución de Salta no es una norma de las previstas en el ámbito objetivo de la acción popular de inconstitucionalidad, tanto en la regulación que de la misma efectúa la propia Constitución, como en su posterior desarrollo legislativo, producto de una iniciativa de la propia Corte de Justicia.
Un sorteo irregular
Recuerdan los legisladores que frente a la abstención de los jueces que integran la Corte de Justicia, Catalano convocó a sorteo de jueces de reemplazo, pero lo hizo, sin explicación alguna, entre los miembros del Tribunal de Impugnación, un órgano del orden jurisdiccional de lo penal.
Citan asimismo el irregular sorteo "tiñe de sospecha todo el asunto y termina de demostrar el mal desempeño, dado que, según entienden, no existía motivo alguno para optar por este tribunal penal, que es además donde se desempeñan dos de los jueces que plantearon la demanda".
Los diputados han acompañado a su escrito una investigación que demuestra que en casos similares (de abstenciones de alguno de sus integrantes) la Corte recurrió siempre a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, lo que indica que podría tratarse de una maniobra realizada a propósito para desviar ilegalmente el asunto y someterlo a un tribunal vinculado por estrechos lazos de amistad con el propio Guillermo Catalano.
