“La quita de las pensiones asistenciales a personas con discapacidad, es una más de las acciones repudiables del Gobierno nacional que se enmarcan en una estrategia muy sencilla: atacar por varios frentes, sobre todo a los más necesitados, débiles y vulnerables como en este caso, con el argumento los ‘abusos’ o ‘desvíos’ en los otorgamientos del derecho, que efectivamente pueden resolverse con una revisión por caso". Esta manifestación del directivo de la Asociación de Lisiados Salta, fue dada a conocer por las redes sociales
Guantay sostuvo que “hay que superar el estupor y comprender la estrategia para producir acciones positivas que vayan en el sentido reparador y restaurador de derechos. Desde ALSa estamos atentos para patrocinar las demandas masivas que se derivarán de esta injusta e injustificada decisión política del Gobierno de Cambiemos".
La decisión que afecta a las personas que perciben las pensiones por discapacidad es tras la aplicación aparente del Decreto 432/97 que generó que muchos pierdan sus beneficios, necesarios para afrontar los gastos médicos.
“En un contexto de de-socupación, con un incumplimiento sistemático de los Estados nacional, provinciales y municipales de sus obligaciones de empleabilidad de las Personas con Discapacidad sumado a la falta de oportunidades de empleabilidad por parte del mercado privado; las Pensiones No Contributivas aparecen como la única posibilidad de éstas de alcanzar un mínimo sustento de vida”, indicaron desde la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y amblíopes, FAICA. Desde este sector se recordó que ya en diciembre, con motivo del "Bono de Fin de Año" el Gobierno dejó fuera a los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas y entendieron que esto constituye “una política decidida por las actuales autoridades” que dejaron sin respuestas a los afectados pese a la presentación de las notas.
Continuidad de estas políticas, indicaron, tiene que ver con la verificación de recortes en prestaciones en materia de salud de los organismos nacionales (PAMI y PROFE).
Desde ambas entidades cuyos integrantes se encuentran afectadas por esta situación se hizo un llamamiento urgente para detener el retiro de las pensiones. También solicitaron la derogación del Decreto 432/97 y dar tratamiento a los diferentes proyectos que existen en el Congreso Nacional respecto de esta materia.
Error y amparos
Frente a la cantidad de reclamos que se generaron por la decisión gubernamental, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, salió a dar un 0800 para que llamen quienes consideren que fue un error la suspensión del beneficio. El número es el 0800-222-3294.
“No pueden dar de baja al barrer y luego disponer un 0800. Ahí hay un error enorme”, dijo el diputado David al referir a la situación, indicando que además se desconoce la situación en el interior de la provincia, en donde hay personas que ni siquiera pueden tener acceso a realizar el reclamo.
Mientras, desde la Defensoría Oficial de la Justicia Federal de Salta, se pudo conocer que ante la situación (que sostuvieron, no es nueva), ya se presentaron cerca de 20 recursos de amparo. El juzgado Federal N° 2 falló en contra. El Federal N° 1, a favor.
