Así surge del decreto Nº 24 publicado ayer en el Boletín Oficial y mediante el cual se autoriza a la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, a "celebrar (…) un acuerdo transaccional con la firma Eco Desarrollo Salta SA a los fines de dar por finalizado los juicios caratulados "Provincia de Salta c/Eco Desarrollo Salta SA s/acción de lesividad", Expediente Nº 5075/11 y "Eco Desarrollo Salta S.A. vs. Provincia de Salta s/contencioso administrativo", Expediente Nº 5090/11, ambos de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la ciudad de Salta".
Al ser consultado ayer por esta decisión, el gobernador Urtubey respondió que el objetivo fue "poner fin al litigio, que devuelva más de la mitad de las tierras concesionadas y que empiece a pagar canon como está establecido en los marcos vigentes".
Propiedad de los Olmedo
La empresa a la que se le concesionaron 158.478 hectáreas es propiedad de la familia Olmedo. Precisamente Alfredo Olmedo, es uno de sus referentes más conocidos por dedicarse a la política y representar a Salta desde la Cámara Baja del Congreso de la Nación como diputado por Salta Somos Todos,
La intención: sembrar soja
En el decreto 2478 de 2011, desde la gestión que hoy libera a la empresa de los juicios, se había salido a iniciar un proceso legal con órdenes a la Fiscalía de Estado tras encontrar acciones que fueron lesivas a los intereses del Estado.
En el decreto de hace seis años se acusó al gobierno del ahora senador nacional Juan Carlos Romero de haber dictado la resolución Nº 249/06 desde el ex Ministerio de la Producción y El Empleo, que indicaron, puso "en evidencia que su objeto tenía una oscuridad e imprecisión".
Y es que desde la cláusulas que se habían dispuesto se beneficiaba "incausada y desmesuradamente al concesionario", en este caso, Eco Desarrollo.
Se sostenía que con la resolución se posibilitaba que el aprovechamiento de las tierras públicas generaba "un desmedido e injustificado beneficio para una empresa privada". De hecho, indicaba que la empresa pudo modificar su plan de inversiones al punto de quedar beneficiada en directa relación "con cultivos de alto rendimiento económico (caso de la soja), disminuyendo - y en ciertos casos, directamente omitiendo- las inversiones con destino al desarrollo integral".
Mientras los beneficios aumentaban la empresa podía llegar a pagar el canon de 45 mil dólares por año a partir de los 20 años que le dieran la concesión de las tierras.
En la justificación que en su momento fue permitida por el gobierno de Juan Carlos Romero se aceptó que la empresa podría recién pagar en los 20 años subsiguientes dado que era la "época en la cual el predio comenzará a generar utilidades".
En 2011 la Provincia aseguró que "el objetivo de la actividad de Eco Desarrollo SA estuvo muy lejos de tal desarrollo integral, limitándose únicamente a obtener beneficios particulares con una explotación intensiva del cultivo de soja".
