“La preocupación es que llevan a represores a Campo de Mayo sin condiciones mínimas de seguridad para presos por estos delitos”, dijo la abogada Tania Kiricaco, una de las firmantes del repudio que en Salta llevó las firmas de otros abogados, como lo son Martín Avila, Gastón Casabella y Natalia Vaca.
Los abogados conformaron el colectivo hace poco en homenaje a uno de los abogados que llevaba adelante las causas. Lo hicieron tras conocer la resolución del Servicio Penitenciario Federal de reabrir la entidad para concretar los traslados en cuestión.
En el comunicado manifestaron su “repudio a tal resolución que coloca a los responsables del terrorismo de Estado en un lugar que fue Centro clandestino de Detención de compañeras/os y sitio de secuestro de desaparecidas embarazadas y de nacimiento de bebés apropiados”.
Conductas para encubrir
Como dijo la abogada Kiriaco, también refirieron allí que la prisión carece de las medidas de seguridad necesarias, ya que muchos de los detenidos "mantienen conductas de encubrimiento, conductas tendientes a la fuga y que además pueden convertirse en promotores de destrozos de elementos de prueba para la averiguación de delitos de lesa humanidad cometidos en dicha Unidad, que durante la última dictadura cívico militar se conoció como Cárcel de Encausados de Campo de Mayo".
En el comunicado, los abogados también exigieron “que el Ministerio de Justicia y el Ministerio Defensa den marcha atrás en la decisión, revoquen la misma y devuelvan a los genocidas detenidos a la Unidad Penitenciaria Federal donde cumplían la condena o prisión preventiva".
Que se nieguen
Por otra parte, reclamaron y reiteraron el pedido a los jueces y tribunales de todo el país, con lo cual decidieron solicitar a los jueces de instrucción y Tribunales Orales Federales de todo el país que rechacen toda decisión en ese sentido del Servicio Penitenciario Federal, al momento de disponer la orden de retiro de todo reo condenado por delitos de de lesa humanidad que haya sido llevado a la Unidad 34 en las últimas semanas.
En Salta, domiciliaria
Al referirse a la situación que se vive con aquellos que fueron condenados en la provincia por los delitos de lesa humanidad, Kiriaco recordó que todos los represores fueron beneficiados con prisión domiciliaria.
En todos los casos la justificación final de los jueces para decidir por este beneficio es que todos los represores que están siendo juzgados tienen 70 o más años. Lo cual no solo los beneficia con la posibilidad de quedarse en su casa cumpliendo la condena, sino que también muchas veces no llegan a ser juzgados porque mueren antes que eso ocurra.
Por ahora, los que deciden sobre el beneficio de la prisión domiciliaria son los que se encuentran en el Tribunal Oral Federal. Kiriaco puso como ejemplo la situación de Joaquín Gil, que ya tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad y se encuentra con prisión domiciliaria.
