LESA HUMANIDAD

Abogados salteños adhirieron al repudio por traslado de represores

Cuatro abogados de Salta, junto a más de cien de todo el país que conforman el colectivo Mario Bosch, repudiaron la reapertura de la cárcel de Campo de Mayo, que tiene como objetivo alojar a los represores que fueron condenados por delitos de lesa humanidad.

El Servicio Penitenciario Federal dispuso reabrir Campo de Mayo para alojar a represores. (Foto Tiempo Argentino).

“La preocupación es que llevan a represores a Campo de Mayo sin condiciones mínimas de seguridad para presos por estos delitos”, dijo la abogada Tania Kiricaco, una de las firmantes del repudio que en Salta llevó las firmas de otros abogados, como lo son Martín Avila, Gastón Casabella y Natalia Vaca. 

Los abogados conformaron el colectivo hace poco en homenaje a uno de los abogados que llevaba adelante las causas. Lo hicieron tras conocer la resolución del Servicio Penitenciario Federal de reabrir la entidad para concretar los traslados en cuestión. 

En el comunicado manifestaron su “repudio a tal resolución que coloca a los responsables del terrorismo de Estado en un lugar que fue Centro clandestino de Detención de compañeras/os y sitio de secuestro de desaparecidas embarazadas y de nacimiento de bebés apropiados”.

Conductas para encubrir

Como dijo la abogada Kiriaco, también refirieron allí que la prisión carece de las medidas de seguridad necesarias, ya que muchos de los detenidos "mantienen conductas de encubrimiento, conductas tendientes a la fuga y que además pueden convertirse en promotores de destrozos de elementos de prueba para la averiguación de delitos de lesa humanidad cometidos en dicha Unidad, que durante la última dictadura cívico militar se conoció como Cárcel de Encausados de Campo de Mayo".

En el comunicado, los abogados también exigieron “que el Ministerio de Justicia y el Ministerio Defensa den marcha atrás en la decisión, revoquen la misma y devuelvan a los genocidas detenidos a la Unidad Penitenciaria Federal donde cumplían la condena o prisión preventiva". 

Que se nieguen

Por otra parte, reclamaron y reiteraron el pedido a los jueces y tribunales de todo el país, con lo cual decidieron solicitar a los jueces de instrucción y Tribunales Orales Federales de todo el país que rechacen toda decisión en ese sentido del Servicio Penitenciario Federal, al momento de disponer la orden de retiro de todo reo condenado por delitos de de lesa humanidad que haya sido llevado a la Unidad 34 en las últimas semanas.

En Salta, domiciliaria

Al referirse a la situación que se vive con aquellos que fueron condenados en la provincia por los delitos de lesa humanidad, Kiriaco recordó que todos los represores fueron beneficiados con prisión domiciliaria. 

En todos los casos la justificación final de los jueces para decidir por este beneficio es que todos los represores que están siendo juzgados tienen 70 o más años. Lo cual no solo los beneficia con la posibilidad de quedarse en su casa cumpliendo la condena, sino que también muchas veces no llegan a ser juzgados porque mueren antes que eso ocurra. 

Por ahora, los que deciden sobre el beneficio de la prisión domiciliaria son los que se encuentran en el Tribunal Oral Federal. Kiriaco puso como ejemplo la situación de Joaquín Gil, que ya tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad y se encuentra con prisión domiciliaria.

Más de Provinciales
En 2014 detectaron trabajo no registrado y tres menores de edad en la finca denunciada.

DETECTAN TRABAJO NO REGISTRADO

. Vecinos de Saucelito, ubicado a 10 kilómetros de Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán, retomaron las denuncias sobre los desmontes que se ejecutaron en 300 hectáreas de un campo contiguo.

El Gobierno difundió una estadística sobre los desmontes sin autorizar.

DICE LA SECRETARIA DE AMBIENTE

. Desde la Secretaría de Ambiente se afirmó que, de acuerdo a los datos recopilados desde este organismo, durante 2016 los desmontes no autorizados o en zonas prohibidas se redujeron en más del 50% en relación a datos oficiales del año anterior.

Luis Gómez Almaraz le dio explicaciones a Amado Mamaní, miembro del pueblo Tastil, que no lo convencieron.

TRAS EL ALUD DE LUNES

. Veintisiete familias del pueblo indígena Tastil que fueron afectadas por el aluvión del sábado último permanecen aisladas en el paraje Abra de la Cruz, sin recibir ningún tipo de ayuda del Estado provincial, que según denuncian "priorizó a turistas que a los originarios".