El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta anunció ayer que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Celebramos que, tras numerosos reclamos, la Nación y la provincia de Salta tomen la decisión de defender a los bosques y su gente. Se estaba cometiendo un crimen y violando impunemente la Ley de Bosques, y la casa, el almacén y la farmacia de comunidades indígenas. Gracias a la presión de la gente, Braun Peña deberá sacar ya a las topadoras del bosque”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte durante un mes hasta que sus activistas fueron detenidos. Desde diciembre pasado las topadoras volvieron a arrasar cerca de 900 hectáreas más de bosques nativos y activistas de Greenpeace documentaron y frenaron el accionar de las máquinas. La semana pasada el dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante de varias empresas de la familia Macri), amenazó a la organización con acciones legales pretendiendo acallar su reclamo.
La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al Gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la Categoría III - verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, la superficie de media ciudad de Buenos Aires. Ya lleva desmontadas más de 6.000 hectáreas.
Cuchuy es parte de las 32 fincas (144.984 hectáreas) en las que, hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el Gobierno salteño habilitó el desmonte neto de 81.282 hectáreas de bosques protegidos. La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación los declaró ilegales e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los ya realizados.
