La medida procesal fue informada por el fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado.
La medida se extendió también a Estelina Aguirre, quien, junto a Marisel Álvarez y Eduardo Paiva, ya había sido imputada por la venta irregular de dos viviendas que debían haber quedado en el patrimonio de la Provincia.
Por este hecho, el fiscal Gómez Amado imputó el 16 junio pasado a los acusados los delitos de “asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito de funcionario público, imputable a Fermani y Aguirre y en perjuicio de la administración pública”.
La causa penal surge de un expediente que fue girado por Ministerio de Salud Pública, en ese entonces a cargo de Néstor Enrique Heredia, quien puso de manifiesto la irregularidad detectada en Las Lajitas respecto al uso y destino de dos viviendas, las cuales eran entregadas en comodato a los médicos para que pudieran alojarse en las mismas durante el tiempo que prestaban servicio en el hospital de esa ciudad.
En las actuaciones se pudo constatar la construcción de tres viviendas con fondos nacionales, con la condición de que posteriormente las mismas queden para la Provincia. Una de esas casas quedó luego de varios comodatos en poder de la Municipalidad de Las Lajitas.
Las otras dos, en tanto, se utilizaron para el destino por el cual fueron construidas, según informó el fiscal. Esto sucedió hasta el año 2013, cuando se advierte que las dos casas se registraron a nombre de un particular, quien a su vez vendió los inmuebles iniciando una cadena de ventas, hasta que quedaron en manos de Fermani y Aguirre.
En vista de ello, la Fiscalía de Joaquín V. González llevó adelante la imputación contra los acusados, como así también avanzó con otras medidas de pruebas tendientes a conocer en detalle las supuestas maniobras.
A tal fin, ordenó distintas medidas a los efectos de reunir toda la documentación del caso, entre ellas los decretos de entrega de los fondos a la Municipalidad de Las Lajitas para la construcción de los inmuebles hasta los numerosos comodatos que se firmaron cada vez que las viviendas eran utilizadas por distintos profesionales.
Nuevas pruebas encontrdas
En los últimos días, y a partir del resultado de las nuevas pruebas producidas, el fiscal decidió ampliar la imputación penal en contra de Fermani y Aguirre, medida procesal que se cumplió el jueves en la mañana, en la cual los acusados se abstuvieron de prestar declaración indagatoria, aunque adelantaron que lo harán posteriormente por escrito.
Las nuevas imputaciones, por los delitos de falsedad ideológica y fraude a la administración pública surgen, según informó el fiscal, de irregularidades que fueron detectadas en las escrituras de compraventa que fueron realizadas en torno a los dos inmuebles investigados.
Gómez Amado señaló que “la atribución de responsabilidad surge del contenido de los instrumentos públicos (Escritura Públicas) correspondientes a los catastros 3195 y 3196”.
