Así lo informó ayer el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), Mariano Cuenca, a Nuevo Diario, al ratificar que ayer hubo una convocatoria organizada por la fiscal en la cual “después de cinco meses nos encontramos con quienes representan a la empresa”, dijo Cuenca.
En esa audiencia también se le notificó que él, y otras 74 personas habían sido imputadas por el delito de usurpación.
Cuenca indicó que la prioridad del acuerdo que ellos buscan es que el Grupo Gloria se comprometa, a través de sus representantes, a vender el Ingenio San Isidro, situación que hasta ahora está inconclusa.
En la conciliación, la fiscal se comprometió a levantar las acusaciones en contra de los trabajadores si es que para hoy se retiran de las instalaciones del Ingenio.
La posibilidad, dijo Cuenca, estaba supeditada a lo que decidan los trabajadores que anoche se reunieron en asamblea, y ajustada además a que la empresa firme el papel donde comprometa la transacción de la venta.
La jueza en el Ingenio
Ayer la jueza de Garantías N° 8, Claudia Puertas, se constituyó cerca de las 14:30 en el Ingenio San Isidro tras enterarse de la imputación que se había dispuesto contra los trabajadores.
La jueza habló con los trabajadores a fin de solicitar el retiro pacífico de las instalaciones. Ello porque hasta ayer, cuando la fiscal Simensen decidió imputar a los trabajadores, se cumplió con el requisito que hasta ahora mantenía frenado el desalojo.
Algunas fuentes judiciales que fueron consultadas, entendieron que la jueza “se ve en una encerrona” con la imputación, dado que con el procedimiento en marcha, no le quedaría más que disponer el desalojo. Esa situación generaría aún mayores tensiones entre los trabajadores y los empresarios.
“Le explicamos a la jueza que somos trabajadores, estamos en forma pacífica, y lo único que buscamos es poder volver a tener nuestras fuentes de trabajo, porque también somos padres de familia”, dijo Cuenca.
El pedido del Grupo Gloria a través de Prosal SA y Emaisa SA para desalojar a los trabajadores, fue presentado la semana pasada. En dos ocasiones la Justicia lo frenó por falta de imputación.
