A PESAR DE LA LEY 7658

Campesinos de Lumbreras viven a la vera de la ruta 5 por un desalojo

Familiares de campesinos desalojados el 16 de septiembre de una finca de Lumbreras, en Metán, se manifestaron ayer en la Legislatura. Reclaman que la Justicia suspenda el desalojo de Gerardo Díaz y Valentín y Dolores Álvarez, quienes vivían de la cría de animales y ahora "están tirados" a la vera de la ruta 5.

NDS |

Familiares de las familias desalojadas en Metán protestaron ayer en la Legislatura. "Tras el desalojo los tiraron a la vera de la ruta 5", dijeron.

Mientras se continuaba con el reclamo de este caso en particular, en donde la decisión de la ejecución del desalojo fue tomada por la jueza de Metán, Olga Sapag, desde La Poma se advirtió del inicio de una causa por desalojo en contra de la familia Tapia, que habita en la finca Campo Colorado.

Así se denunció ayer al mostrar el oficio de una causa de desalojo que lleva adelante la jueza Civil y Comercial de 7ª Nominación, Claudia Ibáñez Aleman, por pedido de Isabel Caro según surge de la carátula de la causa. 

Por ahora la jueza mencionada envió al juez de Paz de la zona a realizar algunas acciones y disponer una audiencia para el próximo 16 de octubre entre las partes involucradas.

"La gente que vive ahí está desde que las tierras eran de un titular registral de apellido Wayar, que luego vendió las tierras a alguien de apellido Moya". Este último "falleció y ahora la tierra es reclamada por su segunda esposa", explicó uno de los miembros de la comunidad que involucra a la familia Tapia.

Un registro que no se ve

Al igual que los Álvarez, que se encuentran a la vera de la ruta 5, en donde los "tiraron" tras el desalojo, los Tapia se encontrarían procesando su incorporación en el Registro de Pequeños Productores que abrió la provincia para cumplir con la regularización dominial de tierras rurales que se encuentran en posesión de los campesinos.

Sin embargo, la inscripción en el Registro no fue motivo suficiente para que la Justicia metanense frene el pedido de desalojo.

Sucede que por el momento está vigente la Ley 7658 que en su artículo 9 suspende los desalojos. Para la Justicia salteña (pues el fallo que firmó Sapag fue confirmado en segunda instancia), el caso de los Díaz y los Álvarez, no se corresponde con aquellos que protege la Ley campesina.

Mientras, se está a la espera de una prórroga del artículo en cuestión, dado que vence el próximo 31 de diciembre.

Para el autor de la Ley, Ramón Villa, si la Justicia va por este camino podría romper con "la paz social", de las zonas rurales.

"Las cabras murieron"

La hermana de Valentín y Dolores, Gabriela Álvarez, contó a Nuevo Diario cómo viven sus hermanos desde hace dos semanas al costado de la ruta. 

"Los dejaron justo ahí, porque cerca pasa un arroyito", dijo la mujer al indicar que sus hermanos fueron trasladados tras el desalojo a esa zona junto con sus animales.

"Ellos se enferman con esa agua", agregó al sostener que las "cabrillas se mueren de hambre porque no tienen qué darle de comer. Lo mismo está pasando con los perritos que son sus compañeros.

La gente le lleva hasta el lugar un poco de comida que ellos les comparten, pero no es mucho", indicó la mujer.

Sostuvo que "apenas si pudieron levantar cuatro palos y un techo para resguardarse del sol y la lluvia. No tienen adónde ir".

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