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Tras los anuncios que realizó el gobernador Juan Manuel Urtubey de duplicar las áreas protegidas en Salta, la Fundación Refugio analizó el anexo del decreto 616 que enmarca legalmente esta cuestión, por el cual se mencionan las superficies a ser afectadas al sistema, donde viven familias criollas e indígenas, que ya cuentan con los títulos y nunca fueron consultadas. Todo esto surge del análisis que empezó a realizar Refugio.
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Al respecto ayer se concretó la presentación de una nota a la ministra de Trabajo, Producción y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, en la cual se sostiene las imprecisiones del anuncio del gobernador sobre la cantidad de superficie dada la inespecificidad del anexo.
Es por ello que solicitaron aclaraciones a la situación para conocer en profundidad a qué se refieren con la duplicación de superficies de áreas protegidas.
Y es que, dentro de las matrículas que se mencionan, hay una que afecta sólo 265 mil hectáreas en el departamento Los Andes. En esta zona no hay bosque nativo del que se precisa conservar.
Gran parte está protegida
Por el contrario, señalaron que en Anta, el departamento más afectado por la deforestación, "solo se designaron tres matrículas, incluyendo los fiscales 32 y 33, de los cuales gran parte ya está protegido por la Administración de Parques Nacionales (Reserva Nacional Pizarro)".
En tanto, menos del 1% del total provincial del sistema de áreas protegidas contempla la ecoregión del Chaco Seco, propiamente dicha.
Hay titulares de las tierras de comunidades criollas e indígenas que viven en los ex lotes 55 y 14 cuyas superficies quedarán afectadas como áreas protegidas. La Fundación Refugio sumó que se incorpora además la superficie de un pueblo entero, como lo es La Unión, en Rivadavia Banda Sur.
"Esta situación no es menor. Los catastros habitados y usados por comunidades originarias y familias criollas conforman más de la tercera parte de la superficie protegida anunciada", indica la nota enviada a Bibini.
Sin evidencia de consulta previa
Y cuestionan que si bien el decreto argumenta que esta medida tiende a garantizar los derechos de sus pobladores a un ambiente sano y equilibrado "no presenta evidencia de que se haya respetado el derecho de consulta previa, libre e informada para los residentes.
Añadieron la falta de incorporación de parámetros ambientales que permitan que las superficies afectadas den un sentido al cuidado ambiental.
"El mismo Estado provincial ha ejecutado estudios detallados sobre planificación de corredores e integración de áreas protegidas para Salta. Ninguno de estos estudios es citado en el decreto”.
