El caso es entre el francés Huberto Bourlón “y un grupo de vecinos de Embarcación”, dice el parte oficial del gobierno al referirse a las comunidades originarias que disputan su territorio.
Las comunidades cuentan con el relevamiento de las tierras aprobado por el INAI. Y al parecer Bourlón no se sintió satisfecho con la falta de disposición de un desalojo de las que, sostiene, son sus tierras.
Esta sería la razón que llevó al gobernador a decidir impulsar de manera expedita, y tras escuchar en una reunión al propio Bourlón; al presidente de la Sociedad Rural de Salta, Ignacio Lupión; al presidente y gerente de Prograno, Ezequiel Vedoya; a los socios de la Rural, Martín de los Ríos, Lucas Elizalde y Pablo Arias; además del abogado Pablo Macarón, productor agropecuario de la zona de Orán y asesor de algunas comunidades originarias; y Agustín Ocampo, productor en este caso de la zona de la ruta 81, y conocido en su momento por ser el administrador de fincas de la familia del presidente Macri.
La promoción del jury de enjuiciamiento es para determinar si existió incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de Martínez ante el conflicto de tierras.
