"Esperamos que hayan más puestos de trabajo", dijo la ministra de Trabajo, Producción y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, al referirse a la reactivación de los trabajos en el Ingenio San Isidro, tras la compra concretada por Jorge Rocchia Ferro y Diego Ruiz, al grupo multinacional Gloria.
Por su parte, los empresarios salieron en el diario de la familia Romero a sostener que en realidad son 185 los trabajadores tomados y que no son de otra provincia, como había sostenido Mariano Cuenca.
Bibini confirmó que tras la comunicación con los empresarios se dieron con el hecho de que "efectivamente se ha comenzado actividades con 180 trabajadores incorporados", que aseguró, fueron los números que había comprometido la empresa al acercarse a Salta para tomar la administración del Ingenio.
Entendió que la baja cantidad de trabajadores que se tomó hasta el momento, es por la demora en el inicio de las actividades que podría involucrar la zafra.
La funcionaria se excusó de tener una mayor intervención que se trata de una relación entre privados cuando se trata de trabajadores y empresa. "No podemos imponer", dijo respecto de la incorporación de una mayor cantidad de trabajadores que se encuentran hasta ahora despedidos.
Sobreseimiento que fue anulado
Mientras invierte en el Ingenio San Isidor en Salta, Rocchia Ferro en Tucumán un sobreseimiento por contaminación fue anulado en junio pasado por la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal. El empresario había sido sobreseído de una de las causas que tiene por contaminar aguas de los ríos con desechos de un ingenio a su cargo.
Los integrantes de ese tribunal hicieron lugar entonces a un recurso que había sido interpuesto por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, quien sostuvo en su apelación que "las pruebas son elocuentes en cuanto repite a la emisión de efluentes industriales sin tratamiento previo por parte de los directivos del Ingenio Aguilares (ubicado en Tucumán).
Ante ello así lo reflejan los elementos probatorios colectados tales, como el informe realizado por el acta de inspección de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, el 31 de mayo de 2007, que refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos tienen un destino en el Río Medina y, a su vez, el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual se especifíca que la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxigeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, generando un medio no apto para la vida y favoreciendo la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas baterías, virus y protozoarios los cuales son perjudiciales para la salud".
Para los integrantes de la Cámara de Casación la Justicia Federal tucumana (incluida su Cámara Federal de Apelaciones), no estuvo en este caso a la altura de la circunstancias, y tomó una decisión sin fundamentos suficientes y por lo menos, indicaron ellos, apresurada.
