La confirmación se hizo necesaria porque desde que en febrero pasado el caso fuera elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo un parate en el proceso que venía llevando adelante la provincia con financiamiento de la Nación.
Funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Asuntos Indígenas de Salta participaron el martes y ayer de dos reuniones.
La primera se hizo el martes en la sede de la Organización de Familias Criollas (OFC) en Santa Victoria Este, con representantes de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, la denunciante que llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que luego lo envió a la Corte; la Fundación Asociana, asesora técnica de Lhaka Honhat, y representantes de cuatro organizaciones de habitantes criollos, y técnicos del INTA y de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
El subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas Ariel Sánchez, informó a Nuevo Diario que se trató de una reunión “informativa” y se les explicó a los criollos que en el proceso ante la Corte solo podrían participar eventualment como testigos.
Se explicó cómo sigue el proceso en la Corte: Lhaka Honhat debe concretar su pretensión, luego se le corre traslado al Estado nacional para que responda y se abre después un proceso de audiencia.
Reactivarán obras en el proceso de regulación
Ante criollos y comunidades originarias el director de Tierras del INAI, Juan Cruz Testa, informó que el gobierno nacional tiene la intención de reactivar las obras en el proceso de regularización.
También “hay intención y voluntad de parte de la provincia de continuar más allá de la estrategia que se elija a nivel nacional” y hubo coincidencia “en continuar con los trabajos técnicos, porque más allá de lo que decida la Corte, no va a ser muy distinto del proceso que se viene llevando adelante a partir del decreto 1498”, dijo Sánchez.
La segunda reunión fue ayer en Salta capital, con la participación de la ministra de Asuntos Indígenas, Edith Cruz, otros funcionarios de esta cartera, la fiscal de Estado Pamela Calletti, el mismo Testa y el coordinador de Contencioso Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ramiro Badía.
