Estos lotes de los que habla el decreto están asentados en la Dirección General de Inmuebles en las matrículas 3.652 y 5.303 del departamento Rivadavia, respectivamente.
En el primer punto del instrumento legal se complementa con lo establecido en el artículo cuarto que establece que más allá de esta declaración se salvaguardan "los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan actualmente en la zona y los eventuales que surjan de futuros permisos y/o concesiones que otorgue la Provincia".
Un proyecto de consultoría realizado por agentes de la Secretaría de Ambiente detalló que se realizaron las consultas a las 13 familias que viven en la zona y que decidieron en un 80 por ciento aceptar la propuesta de crear el área protegida entendiendo que con ello se iba a conservar mucho mejor el territorio que ocupan desde hace muchos años (incluso siglos).
Sin embargo, al menos en la lectura transversal que se hizo sobre ese informe técnico, no se pudo encontrar mención alguna a la posibilidad de que empresas petroleras realicen trabajos de exploración y explotación de los hidrocarburos, ni tampoco los impactos ambientales o sociales que esa intervención podría generar.
Los argumentos
En el decreto se indica que "la conectividad de los Lotes Fiscales 27 y 28 con otros sectores chaqueños y con las yungas hacia el Oeste, le confiere un papel fundamental ya que incrementa las posibilidades de conservación de la biodiversidad, los servicios ambientales y los recursos culturales; siendo factible también su integración a corredores ecológicos que se extienden hacia el Oeste y Este en el marco de una estrategia de conservación eco regional chaqueña e inter-eco regional chaco-yungueña, que toma como núcleo al complejo 'Lotes 27 y 28 Finca Palma Chueca, Finca Saladillo y Reserva Los Palmares'.
En el documento de consultoría, se indica que las tierras se encuentran un tanto degradadas por el manejo inexperto de quienes las habitan, que cuentan a su vez con animales que utilizan en la mayoría de los casos para el autoconsumo.
"El ganado se distribuye en gran parte del área, concentrándose en los lugares de mejor oferta forrajera donde los animales pueden alcanzar cargas excesivas y producir daños considerables sobre la vegetación y los suelos", dice el documento.
Otro detalle que destaca sostiene que "la actividad forestal de los últimos años ha ejercido una fuerte presión en el ambiente según los propios habitantes. Palo santo y algarrobos se-rían destinados a aserraderos y mueblerías locales".
En este primer punto se genera ya una observación respecto de la falta de monitoreo del propio gobierno provincial en las tierras, pues indican los técnicos "no está muy claro quien o quienes participaron de estas extracciones de madera pero los lugareños manifiestan que estuvo involucrada tanto gente local como de otros lugares".
Punto seguido indican que "se trata de extracción ilegal realizada sin criterios de manejo sustentable, oportunista y sujeta a la demanda del mercado".
Sin reclamos por tierras
También se afirma que hasta la fecha y pese a la cantidad de años que habitan en la zona, ninguna de las familias inició los trámites del reclamo de tierras. Se desconoce si acaso se consultó que hayan accedido a la posibilidad de regularizar sus tierras por medio de lo establecido por la Ley provincial 7654 que establece la posibilidad de que todas las familias campesinas puedan ser po-seedoras formales de las tierras que ocuparon por años.
Personal a designar
Los técnicos recomendaron que "cada área protegida tenga su propio personal", sosteniendo que es preciso contar con al menos "un guardaparque de carrera y un guardaparque baqueano para la nueva área protegida".
Indican que los fondos podrían salir del Fondo de Conservación para Bosques Nativos. En total, el presupuesto sostiene que deberían ser más de 3 millones de pesos.
