Al respecto dio a conocer que el gobierno salteño firmó el lunes pasado un acuerdo con la Sociedad Rural Salteña, PROGRANO, y la Federación de Entidades Rurales Salteñas para, en el plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica estará a cargo de la provincia con la colaboración de los ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación.
“Es insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, respaldó el principio de no regresión ambiental, declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
