Crisanta Segundo, presidenta de la comunidad Happo P+au, se lamentaba ante la prensa de la zona por el desalojo compulsivo. Mientras le desmantelaban la carpa en un claro atropello de la policía y de empleados municipales, le pedía explicaciones y la orden de desalojo.
“Vinieron mandados por el intendente, sin previo aviso. No trajeron nada, ningún papel. Acá la comunidad tiene una comisión y el intendente lo sabe muy bien. Nosotros le dijimos que no vamos a desarmar la carpa hasta que no nos entreguen las carpetas. Para eso se ha viajado a Buenos Aires pero hasta ahora no hay solución concreta”, remarcó Crisanta.
La carpa fue desmantelada por la tarde noche del miércoles 5 de julio, en jurisdicción nacional sin orden judicial, por un grupo de policías y empleados municipales. Los representantes indígenas se mostraron firmes y decididos a quedarse. Dijeron que volverán a instalar la carpa, aunque temen que se venga una represión.
Los empleados consultados señalaron que el desalojo fue ordenado por el intendente Alfredo Llaya, un hecho irregular ya la carpa está en territorio nacional, al costado de la ruta nacional 34.
