La posibilidad de un panorama desmejorado se incrementó desde los anuncios que realizó el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, que dispuso la posibilidad de aumentar la alícuota de la producción actualmente en 0 a un 17%. La reacción en las zonas productoras de vinos fue generalizada en contra del anuncio, y Salta no fue la excepción.
Ayer se realizó una reunión en la Bodega Domingo Hermanos de la que participó el diputado electo Andrés, Zottos; el intendente de Cafayate, Fernando Almeda; y el diputado nacional Miguel Nanni; con todos los grandes, medianos y pequeños productores de vino para plantear las estrategias a seguir desde el sector.
Patrón indicó a Nuevo Diario, al ser consultado por la realidad que vive el sector en la actualidad, que son cerca de 40 los productores de toda la provincia, que contienen en la actividad a unos cinco mil trabajadores y sus familias. "Es imposible absorber (el 17% de alícuota) y trasladarlo al precio del vino. Estamos en una baja en la demanda desde el año pasado de un 20%, por lo que esto afectaría aún más al sector", dijo Patrón.
Indicó que los bodegueros entienden que el Gobierno nacional "se apresuró en incluir al vino en el incremento de la tasa porque no lo consideran un alimento. Pero sí es un alimento y debería incluirse a tasa cero", afirmó. Y es que además de estar el vino considerado como un bien saludable dentro de los parámetros normales, desde 2013 fue declarado Bebida Nacional con diversas políticas de incentivo para el sector.
Patrón entendió que si esto afecta a la demanda, uno de los costos más perjudicados es el de la mano de obra.
Indicó que para hoy se prevé una reunión en conjunto con los productores de vino de la provincia de Mendoza a través de videoconferencia.
Mientras, sostuvo que ya se vienen realizando las gestiones para ser recibidos por los funcionarios del Gobierno nacional la semana que viene a fin de plantear la problemática.
Las diferencias
Santiago Haro Galli, uno de los referentes del sector de pequeños productores de vino de Cafayate, dio cuenta de las diferencias que empezaron a afectar primero a este sector con las políticas del actual Gobierno nacional.
Recordó que en 2010 la anterior gestión dispuso una retención a la exportación del vino del 5%. De ese total, el 2,5% volvía a todos los productores. “Ese primer año 2011 se bajaron 11 millones de pesos (a la provincia), y 4 millones fueron para minifundistas solamente en el Valle Calchaquí”. En la actual gestión, en cambio, se dispuso una Ley que obliga a los productores de vinos caseros a “comprar uva a quien pueda facturar. Y eso en los valles calchaquíes es improbable, dado que hay familias que ni siquiera tienen la titularidad de las tierras”, dijo.
“Todos estamos a favor de aportar al Municipio y a la Nación. El tema son las exigencias imposibles de cumplir. Hoy todos tienen que tener habilitación municipal. En Cafayate es prácticamente inaccesible por todos los requisitos. Pues piden cosas que ni siquiera tienen las bodegas grandes”, dijo al sostener que se busca regular este tema con los concejales.