Ello luego de que las máquinas, que se encuentran en el lugar desde el miércoles, destruyeran la reforestación que los vecinos del pueblo habían realizado en forma conjunta sobre 200 de las 300 hectáreas en donde antes se había realizado el desmonte.
Así lo denunció José Villarreal, uno de los vecinos del pueblo que inició las denuncias hace tres años, cuando se encontró con las topadoras sobre el terreno que las familias de Saucelito utilizaban como zona de pastaje para los animales que crían.
En aquel momento los vecinos lograron frenar las topadoras. Pero los trabajos dentro de la finca desmontada continuaban. Fue entonces que denunciaron la existencia de trabajadores sin registrar y menores de edad.
Las denuncias fueron luego ratificadas por un operativo del Ministerio de Trabajo de Salta, que detectó que 33 trabajadores aborígenes realizaban tareas de desmonte en condiciones infrahumanas, y que tres de ellos eran menores de edad, todos oriundos de la misión Sombrero Negro, de la localidad de Bermejo, en Formosa.
En aquel momento, los inspectores de Trabajo comprobaron que los trabajadores no sólo realizaban tareas en condiciones de extrema precariedad, sino que llevaban 48 horas sin comer y no tenían agua potable.
Frente a las denuncias y los hechos detectados en 2014, los vecinos esperaban que desde la Secretaría de Ambiente se dejara sin efecto la autorización de un desmonte que se hizo sobre un área que antes fue recategorizada del rojo y amarillo, al verde.
Según la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia, cuando las tierras están en rojo o amarillo no se pueden desmontar, lo cual es permitido si la zona está en verde.
Se suma a estas autorizaciones el hecho de que, como el desmonte era pedido sobre 300 hectáreas, no precisa de audiencia pública, por lo cual ningún vecino se enteró de la deforestación hasta que llegaron las topadoras.
“Me comuniqué con Ambiente y pregunté por las resoluciones, pero sólo me dijeron que les parecía que habían autorizado los desmontes”, dijo Villarreal al indicar que con los cambios de gestión “nadie se acuerda de que se pidió dejar nula esa autorización”.
Mientras, se teme que se desmonten otras 300 hectáreas contiguas al pueblo y que pertenecen a José Martín, al igual que las ya desmontadas. Los vecinos se pudieron enterar (por especialistas y no precisamente por información elevada desde Ambiente) que también hay un pedido de recategorización y desmonte en estas tierras.
Amenaza de balear animales
Según lo informado por Villarreal a Nuevo Diario, en estos momentos la finca de Martín estaría siendo arrendada y administrada por otros titulares.
Indicó que “la nueva gente que llegó nos está amenazando con que saquemos los animales; sino, les van a meter bala”. Los animales son parte de la economía de los pobladores de Saucelito y para su cría necesitan contar con campos sin desmontar para continuar con la actividad.
Y es que el pueblo se encuentra cerca de las vías y la única zona que queda para poder seguir con las actividades de producción a escala de subsistencia, es con los campos que están en la zona y que son en los papeles, propiedad de los Martín. La resistencia no parece ahora posible porque “somos pocos en el pueblo”, dado que muchos se fueron a trabajar a otras fincas.
