Según se indicó desde el Ministerio de Asuntos Indígenas, esta actividad se realiza en procura de salvar el conflicto surgido entre los ocupantes ancestrales y los titulares registrales (algunos de ellos también habitantes en el territorio) que crearon la Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes, desde la cual cuestionan la ley 26160, de declaración de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que ordenó un relevamiento territorial como presupuesto para avanzar en un proceso de regularización.
El Gobierno ya mantuvo reuniones con estos titulares registrales. El coordinador general de Asuntos Indígenas, Martín Wierna, indicó que están trabajando “en lograr un consenso entre esos titulares registrales, que la mayoría son obviamente propietarios (…) y por otro lado las comunidades indígenas”, a través de talleres en los que “se logre un consenso más allá del relevamiento que ya se hizo”, sostuvo el coordinador general del Ministerio de Asuntos Indígenas, Wierna.
Muchas de las comunidades de Salta cuentan ya con el relevamiento territorial previsto por la ley 26160, que les reconoce su presencia en esos territorios, pero los dichos de los funcionarios provinciales indican que el Gobierno salteño entiende que ese relevamiento no es válido.
“Parte de los problemas que tenemos se deben a que hubo una mala interpretación y aplicación de la ley 26160 de la gestión nacional anterior”, insistió Wierna ante Nuevo Diario. Dijo que esto provocó “algunos inconvenientes”. “La mala interpretación y aplicación estuvo en que no se dio participación a la provincia en cuestiones que se debería haber dado participación, que la misma ley lo prevé”, explicó.
Por su parte, el ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás, sostuvo que hay “un vacío legal” que dificulta zanjar las diferencias entre los titulares registrales y los indígenas, porque hay leyes internacionales y las constituciones de la Nación y la provincia “que hablan de un reconocimiento a la posesión y propiedad comunitaria y, por otro lado, tenemos el derecho a la propiedad privada.
Siempre la posesión de las comunidades va a estar en desventaja ante cualquier titular registral y como Estado y como Ministerio de Asuntos Indígenas, es nuestra obligación defender los derechos de las comunidades primero que nada. Pero también como Estado estamos obligados a atender a todos los sectores.
Hemos tenido reuniones con titulares registrales de la zona de los Valles Calchaquíes y de otros lugares puntuales hay conflictos de tierra, para explicarles en qué consiste el relevamiento y para que no haya problemas y también nos permitan acceder a nuestros profesionales cada vez que hagan el relevamiento”, sostuvo el ministro ante la consulta sobre la situación en Embarcación, donde la Comunidad Happo P+au (y otras 8) disputa 6033 hectáreas con los finqueros Huberto Bourlon de Rouvre y Julio Ortega Velarde.