“Los tiempos los maneja la misma gente del lugar”, sintetizó el secretario de Desarrollo Comunitario, Ricardo Echenique.
El ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás; los subsecretarios de Desarrollo Rural, Alejandro Aguilera, y de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Luis Sánchez, y Echenique conversaron con Nuevo Diario sobre el proceso de regularización de las 643 mil hectáreas que comprenden los ex fiscales 55 y 14, caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en cuya resolución participan Nación, Provincia (con un equipo interministerial) y los habitantes.
A pesar de la advertencia sobre los tiempos, Echenique estimó que en “año y medio” se podría lograr el objetivo de que las familias tengan mensuradas y entregadas sus tierras.
Gómez Almarás destacó como “un punto de inflexión” el decreto 1498, del 29 de mayo de 2014, y por el que la Provincia reconoció y transfirió la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas a favor de 71 comunidades originarias de los pueblos wichi (la mayoría), chorote, chulupi y toba y la propiedad en condominio de 243 mil hectáreas a las 468 familias criollas.
“En 2014 se perfecciona la entrega de títulos a las comunidades”, sostuvo el ministro, quien destacó que las comunidades están inscriptas en Inmuebles y que este decreto establece un manual de trabajo, pero faltaban los acuerdos de parte y los criterios de distribución de la tierra entre los criollos. En el mismo sentido, resaltó que se han alcanzado 168 acuerdos, algunos ya con escrituras.
Aguilera recordó que al principio la Asociación Lhaka Honhat reclamaba 530 mil hectáreas, pero en 2007, en el acuerdo marco, accedió a peticionar 400 mil.
A las 130 mil que resignó esta organización se sumaron otras 113 mil para llegar a las 243 mil hectáreas que se distrubyen entre los criollos. El acuerdo prevé que las comunidades se mantendrán donde residen actualmente, mientras que los puesteros deben relocalizarse, de acuerdo a un mapeo hecho por las comunidades.
Aguilera explicó que se dan casos en que hay superposición de modo de uso entre indígenas y criollos. Esto motivó que el mapa de uso tradicional sea una suerte de rompecabezas.
“Fue un duro proceso de muchas reuniones para ponerse de acuerdo con los criollos. Se logró un consenso y se aprobó”, añadió Echenique.
Aguilera indicó que relevaron las familias, luego, para la distribución de la tierra, se tomó la cantidad de animales para determinar cuántas hectáreas corresponden a cada una. Los predios van desde 20 hectáreas (para quienes no tienen vacunos) a 900, con posibilidad de incrementar hasta 1200 en el caso de familias anexadas.
Un proceso de diálogo y acuerdos
“La metodología que tiene el Gobierno (de Salta) es el acuerdo de parte”, sostuvo el subsecretario de Desarrollo Rural, Alejandro Aguilera. Se trata de “un proceso participativo de acuerdo de partes”.
La afirmación es parte de las razones que dieron los funcionarios para explicar el largo proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los ex fiscales 55 y 14.
“Es un ejemplo que en un proceso tan conflictivo, se haya logrado llegar a acuerdos”, sostuvo el ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás.
Tanto Aguilera como el secretario de Desarrollo Comunitario, Ricardo Echenique, pusieron énfasis en el proceso de diálogo con las familias que deben reubicarse, lo que demanda tiempo, porque “no es que se puede hacer la relocalización de un día para el otro”, indicó Aguilera. “Hay que caminar con el criollo y con el aborigen para que ellos vean”, añadió Gómez Almarás.
Los funcionarios informaron que hay 17 técnicos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) trabajando en el terreno. En cuanto a las quejas acerca de la ausencia de los técnicos por un tiempo, indicaron que a veces se quedan haciendo trabajo de laboratorio y en otras ocasiones dan el tiempo que requieren las familias.
Explicaron que para el trabajo de delimitación de las tierras se dividió el territorio en cinco zonas, con subzonas. “Luego de la zonificación se hace una serie de reuniones para informar, luego se trabaja en el límite, primero se marca el límite con las comunidades indígenas y luego se hacen reuniones con criollos” y una vez que se llega a un acuerdo sobre los límites se lo protocoliza.
Además, la Mesa de Gestión de Santa Victoria, de la que particpan todas las partes, y sus asesores técnicos, se reúne cada mes para intercambiar información, escuchar demandas y se toman decisiones sobre, por ejemplo, la distribución de las viviendas que se están construyendo.
“La Comisión (Interamericana) no otorgaría tantas prórrogas si no hubiera grados de avance”, sostuvo el ministro en referencia a las 21 prórrogas que concedió el organismo internacional en este proceso.
