El pedido del IPPIS se hizo en el marco de una serie de acciones de pueblos originarios, organizaciones civiles y organismos estatales advirtiendo sobre el riesgo de que se afecten derechos constitucionales si cae esta normativa.
Tras posponer dos veces el tratamiento de los proyectos de prórrroga, se prevé que el Senado le dé tratamiento hoy, aunque recién habrá certeza en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, convocada para las 9.
Si bien la ley 26160 fue aprobada en 2006, y fue prorrogada en 2009 (mediante la ley 26554) y en 2013 (ley 26894), al día de hoy no concluyó el relevamiento de la propiedad comunitaria indígena y no se avanzó en otros aspectos para la regularización de la propiedad, dado que comunidades ya relevadas no recibieron todavía el título comunitario.
En una nota enviada anteayer a la presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas del Senado, María Magdalena Odarda, el IPPIS solicitó formalmente la prórroga de la ley 26160, que se vence el 23 de noviembre venidero.
“La prórroga de la ley en cuestión es muy significativa, toda vez que actualmente estamos trabajando en procesos de regularización dominial conjuntamente con las dependencias pertinentes del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Secretaría de Asuntos Indígenas y Subsecretaría de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas”, sostuvo el IPPIS antes de insistir en que la prórroga “redundaría inexorablemente en beneficio de nuestros hermanos” y “tiene pleno sustento fáctico y jurídico en el artículo 75 inciso 17 de la Carta Magna; y en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Salta”.
El IPPIS recordó asimismo que Salta es la provincia argentina que cuenta con la mayor diversidad de pueblos indígenas, y enumeró a los nueve oficialmente reconocidosm por la ley provincial 7121: Wichí, Kolla, Diaguita, Guaraní, Tapiete, Chane, Toba, Chorote, Chulupí. A estos se agregan, aunque el IPPIS no los mencionó, otros pueblos que reclaman reconocimiento oficial: Atacama, Lules, Tastil, Iogys y Weenhayek.
Refiriéndose a los 9 reconocidos, el IPPIS informó al Senado que la “situación que revisten estos pueblos es variada, encontrándose diferencias en los usos de las lenguas (español y lenguas indígenas), el desarrollo de actividades productivas, el patrón de asentamiento sea urbano o rural, el nivel de escolaridad alcanzado”.
Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas se informó que este organismo acompaña la solicitud del IPPIS.
Ya hubo pronunciamientos similares de la Legislatura salteña. Por otra parte, en estos días integrantes de pueblos originarios lanzaron una campaña en las redes sociales convocando “a organizaciones, instituciones y diferentes colectivos a presentar su adhesión al indispensable tratamiento de la prórroga de la Ley 26.160 de este jueves en senadores, para evitar los desalojos territoriales de los pueblos indígenas de nuestro país”.
Las adhesiones pueden enviarse por mail a: [email protected], [email protected], [email protected] y a otras comisiones de ambas cámaras, senadores y diputados.
En general, las comunidades y personas que enviaron sus peticiones, destacaron las “serias consecuencias que traería aparejada la falta de aprobación de la correspondiente prórroga. Frente a esta preocupación, demandamos a los miembros del Parlamento la aprobación de la prórroga de dicha ley y repudiamos los mensajes estigmatizantes y criminalizantes emitidos hacia los pueblos indígenas en diferentes medios de comunicación”.
En la campaña lanzada por Amnistía Internacional, se destaca que el 70% de las comunidades registradas quedan fuera del relevamiento.
