No conforme con ello, sus directivos deberán enfrentar ante la Justicia sendas causas judiciales por estafa.
Esas son las sanciones que el Directorio del IPS decidió aplicar a los dos establecimientos sanatoriales oranenses luego de confirmar que ambos intentaron estafar al IPS a través de una maniobra que consistía en facturar internaciones que nunca se habían realizado.
La sanción más grave se la llevará la Clínica Mayo. La investigación de la Auditoría Interna del IPS confirmó que este centro facturó a la obra social al menos siete internaciones que jamás se realizaron. La maniobra fue tan grosera que una de las supuestas internadas resultó ser una médica auditora del IPS, lo que ayudó a disparar las alertas sobre el caso.
Según pudo averiguar Nuevo Diario, en una reunión realizada la semana pasada, el Directorio del IPS decidió excluir a la Clínica Mayo del Registro de Prestadores, lo cual significa que ya no podrá atender a los afiliados de la obra social. Advertidos de la gravedad de la denuncia, sus propietarios habían presentado previamente su renuncia como prestador, la que fue rechazada por el IPS.
Adicionalmente, se decidió debitar a la clínica los montos pagados en forma indebida; y aplicarle además una multa equivalente a cinco veces esos valores. Adicionalmente se le aplicó al doctor Sebastián Román Di Pietro, responsable de la clínica, una multa de 40.000 pesos por cada uno de los afiliados en los que se comprobaron las irregularidades; lo que equivale a una sanción de unos 280.000 pesos.
Presentarán una denuncia penal
El IPS presentará una denuncia penal por este caso, aunque la causa ya está judicializada. Al conocerse las irregularidades, el titular de la clínica Mayo se presentó en la Justicia desconociendo su firma en la documentación presentada ante la obra social provincial, y solicitando que se investigue el origen de la estafa. Las sanciones contra la clínica serán notificadas en los próximos días.
La que ya fue notificada fue la Clínica Güemes de Orán. En ese caso, los auditores del IPS lograron confirmar sólo una falsa internación, pero ello no impidió que la sanción también sea ejemplar. La resolución 480 del Directorio del IPS le aplicó a la clínica una multa de 51.182,50 pesos y la suspendió por 10 días como prestadora. Durante ese tiempo no podrá facturar ningún tipo de servicios a la obra social. También ordenó que se debiten de su cuenta los 10.236,50 pesos abonados por las prestaciones no brindadas.
No se salvó de las sanciones el doctor Gustavo Angel González, propietario de la clínica junto al senador provincial por Orán, Pablo González. El profesional deberá pagar una multa de 50.000 pesos y será suspendido por 10 días del Registro de Prestadores; es decir, en ese lapso no podrá atender a afiliados del IPS.
Estafa
La resolución dispuso también promover acción penal por estafa; y advirtió que ante nuevos hechos de este tipo habrá mayores sanciones, que pueden llegar a la cancelación del Registro de Prestadores. Por otra parte, el Directorio del IPS difirió la resolución respecto al doctor Gonzalo Torres González, que formaba parte de la investigación del caso.
Nuevo Diario intentó contactar a las autoridades del IPS para confirmar las sanciones, pero no obtuvo respuestas. Las sanciones administrativas se aplicarían en forma inmediata, aunque la investigación judicial podría demandar varios meses más.
