La denuncia se hizo luego de tres sobrevuelos realizados durante la última semana sobre Finca Cuchuy, de propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña (integrante de empresas de la familia del presidente Mauricio Macri y primo segundo del jefe de Gabinete de Nación, Marcos Peña).
El 23 de enero pasado, por resolución, el Ministerio a cargo de Sergio Bergman, "instó" a la provincia a suspender los desmontes en 32 fincas que tenían zonas a conservar, según el mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia, y que fueron autorizadas a ser desmontadas.
Se entendió que los decretos que Salta emitió (y derogó en 2014), para permitir esta posibilidad no eran legales, y por lo tanto se debían suspender los desmontes en las zonas que quedaban con algo de monte.
La resolución vino tras el reclamo de las recategorizaciones que permitían los decretos hoy derogados, y que en la actualidad Greenpeace actualizó al parar topadoras en la finca de Braun Peña, donde familias originarias y criollas habían manifestado su preocupación.
"Hoy las máquinas están andando", dijo ayer el responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, a Nuevo Diario al sostener que ayer vieron que las máquinas "estaban andando y estaban cadeneando".
"El gobernador (Juan Manuel), Urtubey debe controlar que ni Braun Peña ni ningún otro empresario sigan deforestando ilegalmente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de su ejecución, Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos de desmonte que otorgó violando la Ley de Bosques", señaló Giardini.
Pese a que la provincia suspendió estos desmontes, lo hizo con malestar denunciando que Nación sobrepasó sus facultades.
