Armando Acosta, del Consejo de Participación Indígena (CPI), denunció el hecho el 30 de mayo, en el Destacamento de Rivadavia Banda Sur. Adjuntó un escrito firmado por los caciques Demetrio Campos, de Misión Wichi de Rivadavia, y Jesús Luna, de la Comunidad Fiscal Lote 30; por Samuel Albornoz, habitante del Fiscal 30, y por Bernardino Pizarro, presidente de la Asociación Civil Amtena y representante general de las comunidades de Rivadavia Banda Sur.
Los denunciantes contaron que el 29 de mayo llegaron policías a las 21 “para desalojarnos de nuestro territorio”, diciendo que “actuaban bajo orden del finquero, sin orden judicial, a oscuras, amenazando que iban a venir más policías a pegarnos, mientras nos mostraban el arma. Además, pidieron datos y nos sacaron fotos sin ninguna orden judicial, asustando a los chicos”.
Añadieron que este territorio fue relevado en el marco de la ley 26160 y por su misma aplicación no pueden ser desalojados, “ya que es lugar de uso y costumbres y que poseemos ancestralmente. Somos pueblo originario, preexistente al Estado nacional” y “por lo tanto tenemos derecho a ocupar y habitar el territorio del que somos dueños y utilizamos para vivir”, recordaron.
Las autoridades afirmaron que “esta acción violenta e ilegal, no se corresponde a nuestra vida pacífica y sobre el territorio del que somos dueños preexistentes”, por lo que decidieron hacer pública esta denuncia ante “la gravedad de la situación que vivimos”, para “frenar los atropellos”.
