CORRUPCIÓN Y DESMONTES

La finca desmontadora "La Moraleja", ahora busca vender limones a EE.UU.

La Finca La Moraleja (ubicada en Anta), que pertenece a un grupo español cuyos integrantes son investigados en una causa de corrupción en España, desmontó en zonas donde estaba prohibido hacerlo por complicidad del gobierno de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey.

Un caravana de camiones cargados con limones que se exportan para una multinacional de gaseosas.
Un caravana de camiones cargados con limones que se exportan para una multinacional de gaseosas.

Esta finca es una de las principales proveedoras de limones de Coca Cola Company y, a su vez, una de las más interesadas en seguir con este negocio con Estados Unidos. Así lo afirmó la organización ambientalista Greenpeace en el informe "Desmontes S.A Parte 3. El mapa del delito forestal en Argentina".

Al dar detalle de las complicidades de los gobiernos, los ambientalistas recordaron que el  26 de noviembre de 2007 (dos días antes de la sanción de la Ley de Bosques) el gobierno de Juan Carlos Romero convocó a una audiencia pública para el 6 de diciembre de ese año para habilitar el desmonte de 5.900 hectáreas para una post forestación en

La Moraleja. 

La estancia es de 30.000 hectáreas ubicada en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas, y fue adquirida en 1978 por empresarios españoles. Por las causas de corrupción que se le siguió a Luis Bárcenas (ex tesorero del Partido Popular de España), es que se sospechó que se derivaban los fondos del PP a Alejandro Sanchís, fundador de La Moraleja.

La finca tiene contrato con la multinacional de gaseosa por 20 años. Según el informe de Greenpeace su objetivo es sumar 1.000 hectáreas de limones en los próximos cuatro años. 

Durante 2009, ya con Juan Manuel Urtubey como gobernador, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó a los bosques de la Moraleja en la Categoría I ó rojo. En un documento de Ambiente de la provincia de  2013, se informó que se habían desmontado "aproximadamente 1.872 hectáreas, aparentemente destinadas a agricultura y no al uso para el cual fue autorizado".

A ello se sumaba que lo autorizado en 2007 no fue detenido por la Ley de Bosques Nativos. Y se advirtió que la zona iba en rojo porque se correspondía con áreas prioritarias de TNC (a través de las Serranías de Maíz Gordo se vincula con el Parque Nacional El Rey y la Reserva de Pizarro)".  Sin embargo, y por decisión administrativa, las tierras  que eran prioritarias para el ambiente, se readecuaron para la posterior autorización un desmonte de más de 1000 hectáreas.

Bosque protegido y desforestado

Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie total deforestada en la finca, con permisos otorgados por ambas administraciones del gobierno provincial (la de Juan Carlos Romero y la de Juan Manuel Urtubey), es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.

Actualmente la finca  cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones. 
En abril de este año, un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación dijo sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos informó que, hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144.984 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81.282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I - rojo y II - amarillo.

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