Los procesados están acusados por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo o prevaricación, entre otros.
Perales Sanchís está acusado de haber ayudado a Luis Bárcenas (también ex tesorero del PP), a sacar parte del dinero que se le acusa haber malversado de un banco de Suiza. La coartada en juicio es que Bárcenas en realidad otorgó un préstamo a Sanchís a su sociedad uruguaya Brixco. El dinero fue a La Moraleja.
Evación en España
La Fiscalía Anticorrupción de España reclama para Bárcenas una pena de 42 años y medio de cárcel y una multa de 88,8 millones de euros. En este juicio, el ministerio público le acusa de evadir 11,5 millones de euros en impuestos entre 2000 y 2009, de apropiarse de casi 300.000 euros del partido y de embolsarse 1,24 millones de euros en comisiones por facilitar contratos públicos a empresarios que le presentó Francisco Correa. Para Sanchís Perales, en tanto, se solicitaron 8 años de prisión.
En sus respuestas Sanchís negó cualquier acusación y dijo que si fue a Suiza (en donde se sospecha se encontró con un testaferro de Bárcenas para sacar el dinero), fue porque “yo ya estoy jubilado y a mí me apetece viajar e ir a Suiza era una excusa como otra cualquiera para ir a comer a un buen restaurante y volverme para casa".
Ya en 2011, cuando el escándalo español se conoció, se detectó que el Gobierno provincial a cargo de la actual y anterior gestión, había beneficiado a La Moraleja con excenciones impositivas e incluso créditos fiscales.
Loutaif se dio por desentendido
Julio César Loutaif, quien en aquel entonces era el responsable del Ministerio de Gobierno, había indicado que la denuncia surgió de una “disputa entre quienes gobiernan España y la oposición”. Sostuvo que la ruta del dinero que investiga la Justicia española no podía ser controlada dado que "cómo entran las divisas a Argentina no es un tema que tenga que ver con la provincia". "No tenemos poder de policía sobre los ingresos de las empresas", había agregado en aquel momento ante las consultas.
$1.5 millones en créditos para La Moraleja
Según se pudo averiguar, desde 1998 al menos y hasta el 2011 se benefició a La Moraleja con exenciones al impuesto a los sellos y a la cooperadora asistencial, el cual desde aquel momento, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, se fue prorrogando.
Ya en el gobierno de Juan Manuel Urtubey, y según consta en el decreto Nº 3771, la empresa presentó un proyecto de ampliación y mejoramiento de la planta de cítricos, con una inversión total de $3.970.808. El Gobierno provincial le extendió entonces (en julio de 2011), créditos fiscales por $1.500.00 a fin de que la empresa los devuelva en dinero o en especie. En este punto, la condición fue además el establecimiento de nueve puestos de trabajo de manera permanente.
