Los empleados se proponían sacar los elementos de la carpa, pero esto fue impedido por miembros de las comunidades indígenas, que lograron hacerlos desistir y anoche mismo rearmaron la carpa.
Los municipales llegaron al atardecer con un tractor y un camión y comenzaron a destruir la carpa, informaron la secretaria de esta Comunidad, Diana Situe, y la cacique de la Comunidad Wichi Matadero, Evelyna Véliz, que también reivindica derechos sobre el territorio que disputan con los finqueros Huberto Bourlon de Roubre y Julio Ortega Velarde.
“Acá vinieron sin ninguna orden judicial a desarmar la carpa”, contó Situe a Nuevo Diario, quien relató que en ese momento la carpa estaba sin ocupantes, debido a una reunión.
Ni bien comenzaron a llegar los integrantes de la Comunidad, se trenzaron en una discusión con el jefe del grupo de municipales. “Ellos no han venido a pedir permiso”. “El intendente (Alfredo Llaya) sabe bien clarito” que la protesta sigue, “si nosotros estamos en la carpa es porque nosotros seguimos en el petitorio”.
“No vamos a desarmar, si para eso se viajó a Buenos Aires buscando respuesta, pero no hay nada concreto”, los retó la presidente de Happo P+au, Crisanta Segundo, quien recordó que Llaya “está puesto para solucionar el problema, no para agravar” porque “él más por los aborígenes está puesto, porque los engaña toda la vida con bolsones, mercadería”.
Situe señaló que el conflicto por la tierra continúa sin avances por ahora, porque no han tenido novedades del proceso de mediación que se sigue en la Fiscalía Penal de Embarcación y todavía “estamos esperando la carpeta técnica” del relevamiento territorial realizado en el marco de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena. Integrantes de las comunidades recibieron hace días el compromiso del director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Juan Cruz Testa, de que en breve iban a enviar la carpeta técnica, con lo que el reconocimiento de los derechos indígenas avanzaría.
Abuso de autoridad del intendente
El intento de desalojo de la carpa de las comunidades que reclaman la restitución territorial se produjo un día después de que la Comunidad Happo P+au ratificara las denuncias por usurpacion contra el empresario Huberto Bourlon de Rouvre y por abuso de autoridad contra el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por ordenar que haya custodia policial para instalar los portones en la tierra en disputa, informó el abogado Hernán Mascietti, representante legal de Happo P+au.
El letrado sostuvo que también el intendente Alfredo Llaya incurrió en un abuso de autoridad ayer. “Hay que denunciar al intendente por abuso de autoridad, porque ha utilizado a la gente de la Municipalidad, los recursos de la Municipalidad, la maquinaria de la Municipalidad y de eso no debe haber ningún acto administrativo, o sea resolución de visto, considerando y resuelvo, que avale ese trabajo”, sostuvo.
Y concluyó: “De alguien tiene que haber salido esa orden y la orden tendría que estar escrita. Es abuso de autoridad, porque no hay una orden legítima”.
