Con ese primer párrafo la provincia reconoció su accionar en la autorización del desmonte de nueve mil hectáreas a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del ministro Marco Peña que aún hoy se ejecutan en la jurisdicción de Ballivián.
En una explicación técnica por la cual indicaron que la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques Nativos (nacional), y la de Ordenamiento Territorial (de la provincia), es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se sostuvo que es esta la que otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación.
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Ello, indicaron, implica que los proyectos pasen por las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, entre otros procedimientos.
“La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial”, es decir que se cambiaba el valor de las tierras, dado que la provincia entiende que el Mapa de Ordenamiento Territorial dispuesto por Ley es sólo “orientativo”.
Con el decreto en cuestión “se permitía analizar y autorizar a nivel predial el cambio de uso de suelo de determinadas superficies (que en la cartografía orientativamente habían sido categorizadas como de mediano valor de conservación -amarillo-) cuando aquellas no presentaran ninguna de las limitaciones productivas enunciadas por la ley y cuyas características no se contrapusieran con los indicadores y criterios de sustentabilidad abarcados por las normas ambientales”.
Como indica la provincia, bajo esas condiciones (y pese a las objeciones que fueron presentadas en su momento), “a partir de mediados de 2012, la Provincia de Salta autorizó proyectos para la producción agrícola y fundamentalmente ganadera. Durante ese período fueron autorizadas presentaciones realizadas por privados, entre los que se encontraba el proyecto de finca El Cuchuy”.
Indicaron que la autorización de estos desmontes, eran autorizados “por módulos”, y no de una sola vez, por lo que se había aprobado en 2014 lo que se sigue desmontando tres años después.
Un decreto derogado
Se estima que fue la recategoriazción de Cuchuy lo que provocó la derogación del decreto por el cual se autorizó cambiar el color de las tierras para que pasen las topadoras.
“Los proyectos autorizados durante la vigencia del decreto que permitía las categorizaciones no pueden ser revocados luego de la derogación del decreto en cuestión, ya que la norma que derogó al 2211 no obligaba a readecuar”, indicó la provincia.
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Como se publicó en Nuevo Diario en el expediente de desmonte aparece un acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural.
Consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. Ello con firmas que son por huellas digitales e iniciales, dado que criollos e indígenas no sabían en ese momento leer o escribir.
Frente a las quejas que volvió a generar este caso, la provincia indicó que las ONG “tienen personería jurídica suficiente y legitimación activa para ejercer los derechos ambientales que crean vulnerados, por la vía judicial”, al sostener que “no hay presentaciones en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable respecto al pedido de paralización”, del desmonte en cuestión.
