El pasado 12 de junio Lhaka Honhat emitió un comunicado en el que exigió una rectificación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a principios del mes había dado por concluido el conflicto territorial en los ex lotes fiscales 55 y 14.
Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que la representa en la demanda internacional contra el Estado argentino, Lhaka Honhat aseguró que el comunicado de la Secretaría “contiene afirmaciones y valoraciones que no se ajustan al estado actual del proceso internacional ante la CIDH ni a las obligaciones y grado de cumplimiento actual del Estado argentino en relación con las comunidades indígenas”.
Estas comunidades exigen la entrega de un título único de 400 mil hectáreas, parte de las tierras que ocupan ancestralmente “71 comunidades indígenas de los pueblos Wichi, Iyojwaja, Nivacklé, Qom y Tapy'y”. “Como durante años sus demandas fueron ignoradas por las autoridades de la provincia, en agosto de 1998”, la Asociación presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que emitió un informe con indicaciones para el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias del lugar.
“El conflicto no ha llegado aún a una solución. Si bien se han dado algunos pasos importantes (...) para avanzar en el cumplimiento del informe de fondo de la CIDH, aún están pendientes muchísimas acciones de enorme importancia para concretar el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena y los derechos humanos de los peticionarios”, sostuvo Lhaka Honhat en la desmentida al Gobierno, en la que también destacó “la gran demora estatal que ha caracterizado el proceso de cumplimiento del informe de fondo”. “Al día de hoy, los peticionarios continúan padeciendo la vulneración de los derechos humanos”, afirmó.
El comunicado del CELS y Lhaka Honhat también señala que otras “afirmaciones contenidas en la nota de la Secretaría causaron gran preocupación en las comunidades”, porque “distorsiona(n) las obligaciones del Estado argentino”.
