Del análisis de los números surge que de 144.984 hectáreas que fueron recategorizadas por la provincia 30.635 estaban en rojo (alto valor de conservación), 104.521 en amarillo (mediano valor de conservación), y sólo 293 en verde (apta para el desmonte). El resto eran áreas transformadas o sin recategorizar.
En 2011 y con los decretos que permitieron la recategorización quedaron 39.662 hectáreas en rojo, o sea, hubo un aumento. Pero las tierras en amarillo bajaron a 16.015. De 293 hectáreas en verde, se pasó a contar con 81.282 hectáreas, la mayor de las variaciones porcentuales. Y es que del total original, el 0.2 por ciento de estas tierras estaba en verde y pasaron a conformar, con la recategorización, el 54.8% para ser destinadas al desmonte.
Las recategorizaciones fueron denunciadas desde un primer momento por el especialista en recursos naturales, Andrés Leake, de la Fundación Refugio, quien dio conocer el análisis sobre los decretos de que la provincia emitió para desmontar en áreas donde no se podía en el momento que estos instrumentos fueron rubricados.
Incluso realizó un análisis de las audiencias que se hicieron y las irregularidades que había en cada una de ellas, dado que no se tenía en cuenta la situación de las comunidades que vivían dentro y eran afectadas directas de los desmontes.
Sin poder exportar
“Disponer la suspensión de toda emisión de Certificados CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), así como de Certificados de Flora para productos forestales, provenientes de predios” recategorizados, dice la resolución.
Según se pudo entender, ese certificado es necesario para exportar los productos que salen de estas regiones. Entre los mencionados se encuentran La Moraleja y Agrobari (en Anta), o Pluma de Pato (ubicada en el departamento Rivadavia).
