“Muy poquito falta para terminar de delimitar el área de 400 mil hectáreas” que deben entregarse a las comunidades en un título único, sostuvo Pérez.
En cambio, “sí falta mucho” para el “traslado de los criollos”. A pesar de esto, el coordinador consideró que “lo importante es que nosotros sabemos que nuestro territorio son las 400 mil hectáreas, con título”.
Pérez también señaló que la CIDH no otorgará más prórrogas. “(Nos fue) bien, pero todavía no sabemos bien qué va a pasar” porque “el caso de nosotros es el único caso que lleva más prórroga, entonces ya queda a decisión de la Comisión”, sostuvo.
Pérez informó que los asesores técnicos de Lhaka Honhat ya enviaron a la CIDH un informe sobre el proceso de regularización de la propiedad de la tierra. Y señaló que también el Gobierno de Salta y el Gobierno nacional deben entregar una propuesta con el plazo que necesitan para terminar con el proceso.
El Gobierno de Salta afirma que las 71 comunidades originarias que habitan en el territorio en conflicto, de los pueblos Wichí, Iyojwaja, Nivacklé, Qom y Tapy’y, ya cuentan con un documento que les reconoce la propiedad sobre las 400 mil hectáreas. Se trata del decreto 1498/14, por el cual la Provincia cede la propiedad de los lotes 55 y 14 a las 71 comunidades y a las familias criollas que habitan en ese lugar, que están en el proceso de relocalización.
En junio, ante la afirmación por parte de la Nación de que el conflicto había llegado a una solución, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que realiza el acompañamiento jurídico a las comunidades originarias, sostuvo que aún resta llevar a cabo una serie de acciones importantes para el efectivo reconocimiento por parte del Estado argentino de los derechos humanos de los habitantes originarios de esa zona. Una de las mayores problemáticas es la deforestación en el territorio comunitario.
