El procedimiento legal tuvo lugar por las cartas documento que envió el empresario (quien aparece como director de algunas empresas de la familia presidencial) a la entidad al ser expuesto como uno de los desmontadores de las fincas salteñas y quien había pasado las topadoras en zonas que debían ser conservadas. Esto sucedió en finca Cuchuy, ubicada en Ballivían, en el departamento San Martín.
Pero además acusaron al diputado nacional Juan Carlos Villalonga, quien, dijeron, "increpó e insultó telefónicamente a una de las directoras de la organización", en este caso, Natalia Machain.
El legislador, actualmente en la bancada de Cambiemos, supo ser miembro integrante de la entidad y se enfrentó incluso al gobierno de Juan Carlos Romero por nada más y nada menos que los desmontes en Salta. Los miembros de la entidad ya dieron a conocer los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de agregar una querella penal en el juzgado porteño número 20 denunciando a Braun Peña y a Villalonga.
La carta y la amenaza
En la carta, los ambientalistas recordaron los hechos acontecidos el 8 de marzo. Braun Peña reclamó a los representantes de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Machain que sus acciones le habrían causado presuntos daños y perjuicios, cuando él había "dedicado mucho tiempo y dinero para convertirse en uno de los empresarios más ricos y poderosos del país, pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
Fue entonces que los amenazó indicando: "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes en forma personal", a lo cual su abogado añadió: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
