En la oportunidad, Miranda pudo dialogar con el juez de garantías Sebastián Guzmán y la jueza de primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia, Patricia Rahmer, quienes la interiorizaron sobre los procedimientos realizados, así como también de la asistencia que se está brindando a los hijos que quedaron huérfanos a partir de este femicidio.
Se indicó que "lxs funcionarixs consideraron prioritario poner en agenda la necesidad de capacitar a los periodistas para cubrir de manera adecuada los casos de violencia de género, conforme al régimen legal vigente y a un tratamiento responsable. Y solicitaron asesoramiento, asistencia técnica y acompañamiento para incorporar la perspectiva de género al procedimiento".
Problemática profunda
Por su parte, Miranda indicó que la violencia contra las mujeres en el departamento Anta es una problemática que se ve profundizada por la falta de recursos materiales y humanos, todo lo cual se complejiza por las grandes distancias. "Se requiere un fortalecimiento de articulación entre organismos de toda la zona, así como reforzar la contención y el tratamiento posterior de mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia", agregó.
Sostuvo que desde la Justicia anteña expresaron la necesidad de capacitaciones y asesoramiento en temas de género a los distintos sectores sociales, medios de comunicaciones locales y a la población en general.
Sin área de la mujer
El pasado 23 de noviembre en la presentación del segundo Informe Anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), se manifestaron diversas falencias entre las que se indicaron que: el 50% de los municipios no tiene área de la Mujer. Las posibilidades de asistir a una mujer en situación de violencia son mínimas ya que un 60% de los municipios no posee espacio físico y sólo el 30% de los municipios tiene una psicóloga.
En la mayoría de los municipios el asesoramiento de abogadas/os y la asistencia de el/la trabajador/a social es esporádica.
Faltan fondos destinados al abordaje y acompañamiento de mujeres en situación de violencia. Faltan psicólogas/os y trabajadores/as sociales en los centros sanitarios. Más del 50% no cuenta con ningún profesional mencionado.
Más del 50% de los municipios no recibe asesoramiento y atención por parte de los organismos provinciales pertinentes. En la mayoría de los casos, no se constituyen redes de apoyo sobre la temática.
Son ínfimas las acciones de prevención y no se cuenta con financiamiento para las mismas.
