Desde la semana pasada la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) concreta una protesta y paro por tiempo indeterminado por la reincorporación de Ramona Cabezas, quien tiene un embarazo de riesgo de cinco meses, y del empleado municipal Leonardo Aragón. A ambos no les renovaron sus contratos en mayo pasado.
Ayer en el octavo día de paro los trabajadores continuaron con la protesta frente al edificio municipal. Ellos ya habían sido despedidos en diciembre del año pasado, pero luego de los reclamos sindicales volvieron a trabajar en la Municipalidad pero como contratados, a pesar de que Cabezas era de planta.
El presidente del Concejo, Juan Carlos Dávalos, dijo a Nuevo Diario que “una de las causales de la destitución del intendente Fernando Gonza se debe al maltrato y discriminación al personal municipal. En forma constante hemos recibido quejas, denuncias y declaraciones de los trabajadores que se sienten hostigados y discriminados por el Ejecutivo municipal”.
El edil señaló asimismo que el intendente Gonza incumplió un acta firmada febrero del 2016 ante el Ministerio de Trabajo de la provincia en la que se comprometía a reincorporar a 16 empleados cesanteados en su gestión, entre quienes se encuentran precisamente Cabezas y Aragón.