Ayer se descompensó una de las dos mujeres que realizan una huelga de hambre, encadenadas. Se trata de desocupados que estaban agrupados en Fundatrad (Fundación de Trabajadores Desocupados) que en su momento creó José “Pepino” Fernández.
Para tratar de encontrar una alternativa a la falta de fuentes de trabajo, endémica en la zona desde que se privatizaran YPF y Gas del Estado, el Estado nacional hizo acuerdos con fundaciones y cooperativas para fijar un salario mínimo ($430) a desocupados, más el depósito directo al beneficiario del salario familiar (mediante el sistema Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), a cambio de una contraprestación de pocas horas diarias (de 2 a 4 horas en el caso de Mosconi).
Ese sistema se practicó por varios años, pero en noviembre de 2015 la ANSeS inhibió a Fundatrad y sus más de mil beneficiarios fueron integrados a la Fundación Villa Saavedra, de Tartagal, que dirige Daniel Córdoba, hermano del intendente de General Ballivián.
Entonces las partes firmaron un contrato de cinco años, pero hace tres meses la ANSeS dejó de pagar las asignaciones, y ha generado una situación de indigencia en los ahora ex beneficiarios. Aunque no existe información oficial sobre los motivos de la suspensión del salario familiar a estos beneficiarios, trascendió que se debe a que Villa Saavedra no abonó las cargas sociales establecidas por esos acuerdos.
“Cuando la ANSeS con la actual gestión buscó recortar gastos, le fue fácil elegir a estos proyectos en rojo”, señaló una fuente. Según informaron algunos manifestantes, que en todos los casos pidieron reserva de identidad por temor a represalias. Hubo una reunión en la Regional policial de Tartagal, con miembros del Concejo de Mosconi y el secretario de Gobierno, Santiago Godoy (hijo).
