El convenio se presentó en el marco de la Ley 7658, ya reglamentada por la provincia, en la que se dispone la regularización dominial de tierras, además de las posibles ayudas económicas a los pequeños productores a través de créditos otorgados por el gobierno de la provincia.
Las preocupaciones no terminaban de acosar a los campesinos cuando se indicó que los intendentes intervendrían en el relevamiento. Y es que en algunos casos de los municipios del Chaco salteño (una de las zonas más conflictivas), los jefes comunales son muchas veces quienes fomentan la posibilidad de desalojos y que incluso tienen interés en las tierras que ocupan los pequeños productores.
"Si hay un problema pueden traer la ficha directamente al Ministerio de Ambiente", dijo el ministro Carlos Parodi al ser consultado por esa preocupación.
Aseguró que con el relevamiento se va a tener en cuenta la situación de aquellos campesinos que se encuentren en peligro de ser desalojados e indicó que de mil casos que relevó la provincia, sólo dos estaban en esa instancia. La Ley tiene 7 años. El relevamiento se hizo en ese tiempo. Y de ahora a seis meses se pretende relevar y analizar los casos para poder derivarlos a defensores oficiales a fin de que defiendan a los pequeños productores.
Por su parte, el recientemente electo miembro de la Comisión Bicameral como representante de la Cámara de Diputados, Ramón Villa (de Rivadavia), también manifestó su preocupación respecto del convenio con intendentes porque a muchos "nunca les importó la regularización dominial y muchos que se quisieron quedar con las tierras. Es como poner un lobito a cuidar las ovejas".
"Nos hubiera gustado participar en esa reglamentación" de la Ley, dijo, al sostener que se hará un seguimiento sobre los pasos que se den, al momento de coincidir en la necesidad de una prórroga.
Con los defensores
Parodi destacó dos aspectos de esta ley: el primero vinculado con la creación de un registro único de pequeños productores, que permitirá unificar los datos y focalizar acciones en beneficio de ese sector de la economía provincial. El segundo es la suspensión de desalojos, para casos legales puntuales.
En este última situación, además del asesoramiento jurídico, el Gobierno proveerá a los pequeños productores, la asistencia gratuita a través del Ministerio Público para resolver la titularidad de sus tierras, que precisa de la firma de otro convenio.
