RESTA LA PROMULGACIÓN DEL EJECUTIVO

Vuelve a ser ley la prohibición de desalojar comunidades indígenas

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer la prórroga por otros 4 años de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que dispone un relevamiento de esta propiedad y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas hasta tanto no concluya este trabajo. 

Pueblos originarios mantendrán el acampe frente al Congreso hasta que el Poder Ejecutivo promulgue la ley prorrogada.

La prórroga era reclamada por pueblos originarios de todo el país, dado que la vigencia de la ley cae el 23 de noviembre. Por esto mismo, las organizaciones que acampan frente al Congreso anunciaron que no levantarán esta protesta hasta que el Ejecutivo Nacional no promulgue la ley, para lo que cuenta con 10 días hábiles. 

La prórroga es para continuar con el relevamiento de la ocupación territorial ancestral por parte de comunidades indígenas, dado que hasta el momento resta por relevar más de la mitad. 

La prórroga de la 26160 fue el primer tema del día tratado ayer por Diputados, en una sesión especial. Si bien oficialistas y opositores coincidieron en acompañar la prórroga, expusieron distintas razones.

Mientras que Daniel Lipovetzky (Unión PRO, Buenos Aires) y otros oficialistas hicieron eje en el deseo de que esta tercera prórroga “sea la última”, y criticaron al gobierno anterior por las demoras en el relevamiento, el diputado Pedro Miranda (PJ, Mendoza) discutió con números que indican que hubo menos ejecución presupuestaria durante los dos años de gestión macrista (sólo el 33% en 2017).

“Entonces quizás no es un problema de recursos, es un problema de voluntad política”, sostuvo y planteó que debe existir un seguimiento para conocer las proyecciones de avance que se puede alcanzar en los próximos años.  

Adriana  Nazario (Unidos por una Nueva Argentina, Córdoba) consideró “importante” que este tema esté en la agenda política, “porque mientras el tiempo pasa, la situación se complica, da lugar a verdaderas injusticias”. 

Mientras que el diputado Guillermo Carmona (FPV-PJ, Mendoza) advirtió que el relevamiento no podrá concluir en 4 años, dada la complejidad, y el derecho de los pueblos originarios a la consulta sobre decisiones que los afectan. 

El diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista, Buenos Aires)  salió de la tranquilidad de las intervenciones al calificar de “caradura” a Eduardo Amadeo, por sus expresiones sobre supuestos actos de violencia de parte de comunidades. A Miguel Ángel Pichetto lo trató de “xenófobo”, por haber dicho que no hay tierras sagradas en los territorios indígenas. 

Para completar la regularización de la posesión territorial, debe dictarse una ley de propiedad comunitaria indígena. 

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