La modificación de la Ordenanza Nº 11666, establecía la prohibición en la venta de estos productos, generando controversias en los empresarios del rubro.
Del Plenario participaron representantes de organizaciones sociales, funcionarios de los organismos de control municipales y provinciales, y empresarios del rubro que además plantearon su postura y preocupaciónes en relación a la temática.
Nuevo Diario diálogó con el concejal Alberto Castillo, del PRO, convocante de este plenario, que evaluó el encuentro como “exitoso” y destacó que las partes “con posturas antagónicas finalmente lograron dialogar”.
El concejal destacó la pluralidad de las visiones expuestas ayer, y analizó que en ese contexto, se trabajará para obtener una nueva ordenanza que contemple estos planteos, e insistió en avanzar sobre “la pirotecnia con el menor impacto”.
En ese sentido advirtió que será responsabilidad del empresariado del sector, realizar las inversiones correspondientes para la importación de este material, además de un control exhaustivo. Por último se expidió a favor de la sanción de una Ley Provincial que “preste atención a esta situación”.
“No buscamos pirotecnia cero”
“No buscamos pirotecnia cero” dijo en forma conciliadora de Luis González, presidente de la asociación de padres Trastorno Generalizado del Desarrollo (TDG), en el diálogo con este medio, y agregó que: “planteamos una convivencia con la pirotecnia, con más luces y menos ruidos”.
En ese sentido, el representante del sector de aquellas personas que presentan hipersensibilidad ante la exposición de estos ruidos, indicó que: “nosotros no estamos buscando pirotecnia cero sino reglas claras, no se puede tirar cuando se les de la gana”. Finalmente expresó su acompañamiento en las reuniones que se planteen a futuro.
Malestar empresario
Desde el sector empresarial del ámbito de la pirotecnia, se contactó al representante a nivel nacional de la fábrica Cien Fuegos, Alejandro Paolini, que si bien destacó el espacio de diálogo en el plenario, advirtió que la Ordenanza Nº 11666 no puede estar por encima de la Ley Nacional N°20429 sancionada en 1973, que indica su libre comercio y transporte, además establece que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), quien ejerce los controles, anulándose de este modo los poderes de policía local.
Además expuso el problema frente a la pérdida de fuentes genuinas de trabajo: “defendemos los más de 60 mil puestos de trabajo que genera este rubro en el país, el derecho a la comercializacion legítima” y concluyó: “quedo claro que el mejor camino es la reconversión de esta ordenanza”.
