“Como militantes siempre hemos apelado a la protección estatal a través de los fueros civiles, pero las experiencias de otros países nos muestran que la única forma de bajar las alarmantes cifras de femicidios, y la crueldad feroz que se evidencia en cada nuevo caso, es con la penalización que tipifique las primeras agresiones”, sostuvo Morales.
Añadió que de otra manera, hay “una Justicia que, en el mejor de los casos, sanciona cuando el femicidio ya está cometido” cuando “lo que buscamos es prevenir, evitar que sucedan”.
La presidenta del Observatorio hizo estas declaraciones en el marco de una reunión, con la coordinadora del Programa Nacional de Derecho Privado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Agustina Díaz Cordero; la ministra de Derechos Humanos de Salta, Pamela Calletti; el subdirector de la Escuela Judicial de Barcelona, Jorge Jiménez Martín; y el relator del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín, Lucas Ezequiel Salerno.
Morales y las directoras María Laura Postiglione y Alicia Ramos afirmaron que es necesario que la violencia contra las mujeres tenga el estatus de delito. Morales entregó copias del Informe Anual 2016, y explicó los hallazgos principales de este trabajo realizado por el Observatorio.
Se informó que en el encuentro se valoró que este informe no solo haya sistematizado información, sino que también brinda recomendaciones destinadas a articular y optimizar el accionar de los distintos organismos involucrados en la problemática.
Ponderan la experiencia española
La ministra Calletti destacó la experiencia en España, que logró “bajar en un 50% las estadísticas en femicidios”.
En este sentido, Jiménez Martín contó que la baja de los índices de violencia familiar se logró, precisamente, tipificando como delitos penales las agresiones que sufren las mujeres, y creando juzgados de Fueros Unificados Penales en Violencia de Género.
Jiménez Martín describió el proceso de judicialización de la violencia. Hizo hincapié en que la tipificación penal les permite establecer prisión preventiva ante el primer golpe o empujón, que queda en suspenso si el acusado acepta hacer rehabilitación.
En España, ni bien una víctima hace una denuncia cuenta con patrocinio del Estado, y puede pedir una orden de protección que incluye la tenencia de los niños, una cuota alimentaria, la exclusión del hogar del violento, entre otras cosas. A esto se agrega la ventaja de que todo se tramita en el mismo juzgado, con lo que el juez y los otros intervinientes del Estado conocen el historial familiar.
